Investigan a una gijonesa por vender en un mercadillo cubiertos de marfil de elefante africano
La Guardia Civil se encarga de esclarecer los hechos
El daño a la fauna puede irse casi al millón de euros
Parte de las piezas intervenidas / Guardia Civil
Es gijonesa, tiene 48 años y está siendo investigada por vender cubiertos elaborados con marfil de colmillos de elefante africano. La Guardia Civil, en su destacamento de Piedras Blancas, ha tomado manifestación en calidad de investigada a una mujer por un posible delito contra a la fauna silvestre. Un delito cuyo impacto económico se calcula en casi un millón de euros (podría ascender a los 900.000 euros).
El llamativo caso se remonta a mayo del año pasado. La Guardia Civil realizó una exhaustiva investigación para llegar hasta el fondo del asunto. Según han comunicado fuentes del Instituto Armado, agentes del servicio de Prevención de la Seguridad Ciudadana localizaron a la mujer en un puesto del mercado semanal de Piedras Blancas, en el concejo de Castrillón, con una caja de madera. En la misma, había ocho cubiertos cuyos mangos, en un primer examen podrían estar elaborados con marfil de elefante.
Ante esto, los agentes procedieron a la intervención de dichos objetos. También informaron a esta gijonesa que el hecho de vender dichos objetos sin documentación "que amparase su venta legal" podría constituir un delito de contrabando.
Posteriormente, se procedieron a analizar los cubiertos. Iniciadas diligencias penales. Se solicitó Análisis Científico-Técnico de la Unidad Técnica adscrita a la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente de la Jefatura del SEPRONA (UTCOMA) para la identificación fehaciente de los objetos, datación y valoración del daño a la fauna. Mediante técnicas complejas de espectroscopia, se determinó que la totalidad de las muestras presentaban perfiles compatibles al 95% con marfil de elefante africano (Loxodonta africana), una especie en peligro de extinción.
Así mismo, se determinó que el daño a la fauna silvestre causado oscilaría entre 115.000 y 900.000 euros.
Una vez se recabaron todos estos informes, el Juzgado que entendió de la causa, ordenó se investigara en sede policial a la persona responsable de estos hechos, por un presunto delito contra la fauna por el tráfico de partes de especies protegidas CITES, hecho que se produjo el pasado 7 de mayo.
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