El Pleno de Gijón aprueba recurrir la nulidad del Plan de Normalización Llingüística

El Ayuntamiento ha aprobado este miércoles, en el Pleno, presentar recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 por la que se declara la nulidad del Plan de Normalización Lingüística. Lo ha hecho con el rechazo de Vox y la abstención del PSOE.

El recurso se apoya en un informe por la Fundación Municipal de Cultura (FMC), Educación y Universidad Popular, que entiende que este Plan se trata de un instrumento no normativo que marca pautas de actuación, organización y desarrollo de la acción tendente a dirigir la actuación municipal, al objeto de dinamizar y organizar acciones de fomento y protección del uso del asturiano, en cumplimiento de la ordenanza municipal del uso de la lengua asturiana en el ámbito del concejo gijonés.

En contra de la presentación de recurso, la portavoz de Vox, Sara Álvarez Rouco, quien había interpuesto la impugnación de este Plan, ha llamado la atención sobre que se basen en un informe de la FMC para justificar la conveniencia de recurrir la sentencia "por motivos totalmente ajenos a la legalidad", declaró.

"La sentencia es incontestable, es rotunda y deja bien claro que han intentado imponer una norma, un reglamento, una ordenanza, disfrazándola de un simple plan hecho a espaldas de los ciudadanos, como dice la sentencia", afirmó Álvarez Rouco, antes de relatar algunas de las causas que motivan su nulidad, como la falta de memoria económica. Álvarez Rouco afeó que se dispongan de recursos de los gijoneses para "imponer la cooficialidad". Sobre ello, recalcó que la Constitución Española dispone de las distintas modalidades lingüísticas de España, patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección, "pero nunca imposición como resultado de su ideología sectaria", sostuvo.

La concejala de Cultura, Montserrat López Moro, incidió en que la sentencia declara nulo el citado Plan pero no por el contenido sino por un defecto de tramitación. La edil apuntó, asimismo, que el Ayuntamiento, al no ser una disposición normativa, está obligado a cumplir respetando siempre los principios de "libertad y voluntariedad" en el uso por parte de la ciudadanía de la Llingüa. La Vicealcaldesa de Gijón y portavoz del PP, Ángela Pumariega, manifestó que su grupo parlamentario ya mostró rechazo en la Junta General del Principado de Asturias a la obligatoriedad del asturiano, si bien apoya su defensa. En esa línea, indicó que cuando se aprobó este Plan lo apoyaron porque establecía un plan de acción que iba a actuar respetando los principios de "libertad y voluntariedad" por parte de la ciudadanía. De ahí que también apoyen este recurso, al opinar que este Plan tiene que seguir siendo un instrumento no normativo.

José Ramón Tuero, concejal socialista, argumentó la abstención de su grupo al considerar que lo mejor es empezar de nuevo la tramitación. A este respecto, subrayó que son seis cosas las que marca la sentencia y que se pueden corregir. En cambio, alertó de que el camino judicial no es "halagüeño" y se perdería mucho tiempo si solo se recurre el fallo judicial. Por ello, desde el PSOE se ha pedido que desde la FMC se vaya trabajando en las cuestiones que llevaron a la nulidad de este Plan.

El portavoz de IU, Javier Suárez Llana, aseveró que a la extrema derecha "le aterra la diversidad", en este caso lingüística, a lo que ha señalado que como Vox no pudo ir contra el contenido del Plan, impugnó su elaboración, dándole la razón el Juzgado. Al tiempo, dejó claro el apoyo de su grupo a este Plan y defendió la presentación del recurso. Suárez Llana recordó, asimismo, que este Plan fue aprobado utilizando el mismo mecanismo de elaboración que el anterior, en un mandato en el que IU estaba en el Gobierno. Además, se mostró en contra de que lo que viene en la sentencia, que atribuye a este Plan y, por extensión, a todos los planes municipales, "un carácter normativo que no tiene", recalcó. "Un plan municipal define unos objetivos políticos que el Ayuntamiento pretende cumplir", explicó. "Al no ser un plan una disposición de carácter general, una ordenanza o un reglamento, no es posible que el Poder Judicial pueda atribuirse el control de su cumplimiento", prosiguió. Para él, plantear que la elaboración de los planes municipales debe ser idéntica a la de las disposiciones de carácter general puede acabar contribuyendo a burocratizar y retrasar las decisiones políticas e incrementa el riesgo de judicialización de la vida política municipal".

La portavoz de Podemos, Olaya Suárez, incidió en que este Plan de Normalización es un documento "de mínimos absolutos, que se incumple sistemáticamente sin consecuencias". Y si bien ha mostrado preocupación por tantas carencias formales en el documento a las que alude la sentencia, rechazó que, pese a que lo señale así el fallo judicial, se pueda equiparar este Plan con una disposición normativa. Para Suárez, esto trae consecuencias problemáticas para la capacidad como Ayuntamiento para impulsar iniciativas políticas con rango de plan.