La obra del Hospital de Cabueñes, abocada a juicio tras la rescisión del contrato con la UTE por "incumplimientos"

Sin acuerdo entre las partes, el Principado aprobó ayer la rescisión del contrato con la UTE que había sido adjudicataria de las obras de ampliación del Hospital Universitario de Cabueñes. El Consejo de Gobierno autorizó el trámite, ya solo pendiente de una última firma de la consejera de Salud, Concepción Saavedra, achacando el motivo de la resolución a los "incumplimientos" de la citada unión temporal de empresas, que por su parte había presentado alegaciones, culpando del retraso de la obra a la administración pública. La discrepancia de una actuación que se había adjudicado por 79 millones de euros, por tanto, queda abocada a juicio.

Los movimientos de estos últimos meses, desde que a finales del pasado enero la consejería de Salud anunciase el inicio de este expediente de resolución, ya apuntaban a que un hipotético acuerdo entre las partes iba a ser complejo. Desde entonces ha quedado también patente que la UTE, integrada por las constructoras Los Álamos y FCC, no están en absoluto de acuerdo, más que con romper el contrato, con la argumentación esgrimida con la administración. Rechaza que los retrasos de la actuación se debiesen a su actuación y responsabilizan de manera especial a la dirección facultativa y, por extensión, a la jefatura de Obras de Salud, que la apoyó siempre. La UTE, de hecho, ya había presentado varios contenciosos ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) por estas discrepancias.

Que el Consejo de Gobierno informarse ayer de una rescisión del contrato por causas imputables a la UTE, salvo un último gran giro de última hora, agota el recorrido de esta discusión en el plano administrativo y lo aboca a los tribunales, porque, tal y como se reflejaba en el parte de alegaciones de la UTE (y del que informó LA NUEVA ESPAÑA en marzo), las constructoras señalan que el proyecto se licitó de manera apresurada, "debido a la presión social", y con errores.

El cierre del recinto

Para el Principado, en cualquier caso, darle carpetazo al expediente permite actuar con más libertad en su plan de reactivación de obras. Hace solo unas semanas la propia Saavedra había explicado que el área sanitaria V de Gijón estaba trabajando en un plan de seguridad y cierre del recinto de obra, pero que no podía acometerse hasta que se disolviese el contrato porque, hasta entonces, el terreno seguía siendo responsabilidad de la UTE y no de la administración. Hasta ahora, no obstante, se ha ido avanzando en otras cuestiones, también ya comunicadas por la propia consejera. Destacan los dos encargos a Tragsatec, un medio propio, que realizará un primer estudio del entorno para analizar el estado de la obra y acometerá, después, la redacción del nuevo proyecto.

En paralelo, se trabaja también en ampliar provisionalmente el aparcamiento del hospital (se necesita para ello la colaboración del Ayuntamiento, con quien se está ya en contacto) y en la redacción del proyecto definitivo del futuro parking, que se incluía en el proyecto original y que ahora se tramitará de manera independiente. De paso, el anunciado traslado de la Facultad de Enfermería hasta la Laboral permitirá ganar espacio en el nuevo hospital, que acogerá nuevos dispositivos de salud mental.

Sobre la rescisión de este contrato, solo falta la firma de Saavedra y rematar con la UTE la certificación final de las obras, un trámite que se espera culminar "antes del verano". Señaló ayer el Principado que este expediente de resolución "cuenta con los informes favorables de la Intervención, los servicios jurídicos y el Consejo Consultivo". No parece temer la administración pública, por tanto, la idea de un litigio.

Por su parte, la UTE no parece haber cambiado tampoco de postura. Presentó en febrero un duro informe en su parte de alegaciones en el que aseguraba que el Principado había licitado la obra "sin disponer de todos los terrenos y autorizaciones necesarios" y "sin hacer una revisión profunda del proyecto". Las relaciones entre las constructoras y la administración se fueron tensando conforme fueron pasando los meses (la obra se inició en agosto de 2022) por discrepancias de todo tipo, sobre todo relacionadas con la insistencia de la UTE en modificar el proyecto y la negativa de la dirección facultativa de realizar tal cosa. En esas alegaciones, la UTE pedía que la resolución del contrato se tramitase por causas imputables a la administración pública, con la correspondiente compensación.

El cruce de reproches entre las partes

En agosto de 2022 comenzaban las obras de la esperada ampliación de Cabueñes tras haber prosperado la licitación millonaria de la actuación en un segundo intento y por 79 millones. El primero había quedado desierto por un error de bulto en la actualización de precios: la actuación se licitó por casi la mitad de lo que realmente costaba la obra. Tras unas primeras semanas de trabajo en las que se hallaron elementos no previsto, el plazo del fin de obra se postergó ligeramente y estaba previsto que la ampliación terminase este mes. Sin embargo, cuando se comunicó el parón de las obras el pasado enero se informó también de que se han certificado solo 20 de lo 79 millones de la actuación. El Principado y la UTE se responsabilizan mutuamente de fracaso de la obra, pero Salud confía en poder reactivarla el año que viene y tener para entonces un nuevo proyecto.

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