Los sindicalistas condenados por hostigar al dueño de la pastelería La Suiza, a un paso entrar en la cárcel
El juez rechaza suspender las penas ya que los sindicalistas no mostraron arrepentimiento y no pagaron de su bolsillo la indemnización

Un momento de la vista oral, que se celebró en el juzgado de lo penal número 1 de Gijón. / JUAN PLAZA
Los cinco dirigentes del sindicato CNT en Gijón y una afiliada de esta misma organización están a un paso de entrar en prisión por el hostigamiento al dueño de la pastelería La Suiza, que llevó al cierre del negocio en 2017, después de que el magistrado del juzgado de lo penal número 1 de Gijón haya rechazado la petición de suspensión de ejecución de las condenas que había pedido la defensa de los reos. Pese a la decisión, el juez aún no ha ordenado el ingreso en prisión de los condenados, dado que el auto del magistrado aún puede recurrirse ante la Audiencia Provincial, cuya decisión será previsiblemente rápida en el caso de que finalmente apelen, al dar prioridad los tribunales a las causas en las que hay personas privadas de libertad.
Los hechos se remontan a 2017, cuando la afiliada a CNT, que había sido trabajadora de la pastelería que estaba en la avenida Schultz, y los cinco cargos del sindicato en Gijón ahora condenados realizaron una campaña contra la pastelería, hostigando al empresario con concentraciones para boicotear el negocio, para exigirle una indemnización por un despido que no se había producido y que retirara una denuncia contra la pareja de una de las condenadas, una campaña que incluyó acusaciones hacia el empresario de acosador y explotador sexual. El empresario se vio obligado a cerrar el negocio, momento en el que cesaron las concentraciones.
Las condenas son firmes tras la sentencia del Tribunal Supremo de junio de 2024 que ratificó la sentencia dictada por el juzgado gijonés en mayo de 2021. Se inició entonces el trámite para la ejecución de la sentencia, del que forma parte la petición y ahora denegación de suspensión de las penas.
Mientras la defensa de H.A.G., O.P.R., B.G.P., J.C.C., M.C.B.T. y R.B.C.R. pedía suspender las penas que suman tres años y medio de cárcel para cada uno de los condenados por un delito continuado de coacciones graves y un delito contra la administración de Justicia, la acusación particular se opuso a la suspensión y la Fiscalía manifestó no oponerse a la misma. El juez acabó tomando su decisión al considerar que los condenados no han acreditado ninguna expresión de arrepentimiento por los hechos y que no repararon el daño causado a la víctima, dado que la indemnización que el empresario recibió fruto de la sentencia no salió de sus bolsillos, sino que la pagó el sindicato CNT, con cargo a la fianza que en su día había prestado.
El magistrado decide denegar la suspensión del ingreso en prisión de los reos "a la vista de lo expuesto y ponderando las circunstancias concurrentes y en particular la naturaleza y gravedad de los hechos cometidos, dada la reiteración en el tiempo, sin que se tratase de un hecho puntual, sino de una campaña de acoso que no cesó hasta que el empresario se vio obligado a cerrar su negocio y las consecuencias económicas y personales que de ello se derivaron, el carácter excepcional de la suspensión que se interesa y la extensión de las penas", señala en los autos dictados el pasado lunes.
En los mismos, el magistrado recuerda que la campaña cesó "tras haber conseguido uno de los objetivos propuestos, concretamente el cierre del negocio", hecho del que "se jactaron" los condenados mediante la colocación de carteles por la ciudad y publicaciones en redes sociales de CNT.
Tras los autos en los que se desestima la suspensión de las penas de prisión para los seis condenados, Pablo Álvarez Meana, hijo del empresario forzado a cerrar la pastelería y portavoz de la familia perjudicada, señaló ayer que "para nosotros es un hecho de justicia total después de ocho años" recordando que la campaña de hostigamiento contra el negocio familiar comenzó en mayo de 2017. "Nos sentimos muy satisfechos después de todo el proceso", recordando que también se condenó al sindicato CNT como responsable civil subsidiario. De haberse suspendido las penas "habría una impunidad total", añadió y quiso también tener palabras de agradecimiento para "el juez Lino Rubio Mayo, que es un juez justo, que no se deja influir y aplica con severidad, como debe ser, las normas penales".
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