Los magistrados de Gijón se plantan ante el Gobierno y no descartan la huelga si no se retiran las reformas

Una treintena de jueces y fiscales –con el respaldo de un centenar de ciudadanos– se concentraron este mediodía a las puertas del Palacio de Justicia de Gijón y realizaron un paro de diez minutos en contra del Proyecto de Ley para modificar el acceso a las carreras judicial y fiscal y del Anteproyecto de Reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Los magistrados pidieron la retirada de ambas iniciativas y anunciaron que, “en caso de que no sea así”, no descartan medidas como ir a la huelga. “Esta misma tarde habrá una reunión por parte de los convocantes, donde se valorarán las posibles medidas a tomar si por parte del Gobierno y los grupos parlamentarios si no hay una respuesta a esta petición”, afirmó Luis Ortiz Vigil, magistrado de la Audiencia Provincial de Asturias, tras la lectura del manifiesto que comunicó las reivindicaciones del colectivo. La protesta, que se replicó ante las sedes judiciales de toda España, fue convocada por la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, el Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales.

El manifiesto, que leyeron Ortiz Vigil y Fernando Ruiz Llorente, portavoz en Asturias de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, denunció que las reformas impulsadas por el Gobierno suponen “una amenaza” para la independencia del poder judicial, al introducir mecanismos de acceso “menos rigurosos y más subjetivos” y considerar que refuerza el control del Ejecutivo sobre la Fiscalía. “El proyecto que modifica el sistema de acceso se tramita por la vía de urgencia, sin demanda social alguna, y con un informe técnico muy crítico por parte del Consejo General del Poder Judicial", precisa el documento, que concreta que "rebaja la excelencia de conocimientos e introduce pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración”. También se denunció la creación de un centro de preparación de opositores dependiente del Gobierno y el intento de nombrar hasta 1.300 jueces y fiscales sustitutos “sin pruebas que midan su aptitud” y “en contra de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad”.

Los convocantes lamentaron que se utilice “falsamente a Europa como excusa” para impulsar cambios que, a su juicio, buscan convertir al poder judicial “en uno con minúscula, más débil como contrapeso del poder político, más maleable y sensible a las presiones mediáticas”. Sobre la reforma del estatuto del Ministerio Fiscal, se advirtió de que otorgará más poder al Fiscal General del Estado –nombrado por el Gobierno– y reducirá la autonomía del resto de fiscales. “Esto aumenta aún más el riesgo de injerencias políticas en las causas de corrupción, justo en contra de lo que exige Europa”, afirmaron.

Durante la protesta, tanto Ortiz Vigil como el fiscal jefe de Gijón y delegado en Asturias de la Asociación de Fiscales, Alberto Rodríguez, lamentaron los ataques al poder judicial desde el ámbito político. “La actividad judicial y fiscal no quedó interrumpida, se reanudó tras el parón. Seguimos trabajando como un día normal. Queríamos hacer ver nuestra postura y nuestra honda preocupación por la situación que se puede producir”, señaló Ortiz. A su juicio, estas iniciativas legislativas no solo afectan al colectivo judicial, sino al conjunto de la sociedad: “La existencia de un poder judicial fuerte e independiente no es un derecho de los jueces, es una garantía de todos, como lo es tener una fiscalía imparcial y autónoma”. Rodríguez, por su parte, subrayó que las reformas “no vienen a solventar problemas, sino a agravarlos” y criticó que se haya cruzado “una línea roja” al acusar de prevaricación a jueces sin haber leído siquiera las resoluciones. “Se puede discrepar de una decisión judicial, para eso están los recursos, pero no se puede permitir el ataque personal a los jueces”, remarcó.

Los manifestantes pidieron también “una masiva creación de plazas judiciales y fiscales” como vía para mejorar la calidad y rapidez del servicio. Pese a la falta de adhesión de algunas asociaciones a la convocatoria -el caso de Jueces y Juezas para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales- los concentrados insistieron en que se trata de una reivindicación ajena a ideologías: “Este no es un problema de derechas, izquierdas o centro, sino de decidir qué tipo de jueces queremos tener, independientes y únicamente sometidos al imperio de la ley”, concluyó Ortiz Vigil.