Nuevo capítulo en el crimen de la inmobiliaria de Gijón: anulada la sentencia por un defecto formal
La sección octava de la Audiencia Provincial tendrá que volver a redactar el fallo
Felipe de Arriba Ramos afrontaba 17 años de prisión que está a la espera de cumplir

Felipe De Arriba Ramos durante el juicio. / Ángel González / LNE
Después de los recursos presentados por ambas partes en el caso del crimen de la inmobiliaria, el Tribunal Superior de Justicia (TSJA) ha decretado la nulidad de la sentencia al no contener esta una declaración de hechos probados. Esta fue una de las partes que solicitó María Escanciano, letrada de De Arriba Ramos, en la vista oral que se celebró el pasado lunes en Oviedo.
Finalmente, los magistrados del TSJA han fallado a su favor, decretando que la sentencia regrese a la sección octava de la Audiencia Provincial, órgano que llevó el caso en primera instancia, para que se realice un segundo escrito judicial que incluya el apartado de hechos probados.
La defensa también había solicitado a los magistrados incluir la atenuante de obcecación, desestimada previamente por el jurado popular, y modificar la circunstancia de la atenuante de confesión, catalogada como simple, para cambiarla a muy cualificada en inferior grado, lo que podría suponer una rebaja en la pena de De Arriba Ramos.
Como recogió el fallo judicial, la colaboración del acusado sirvió para reducir el tiempo de enjuiciamiento. Sobre los años de condena, Escanciano también pidió una justificación a los 17 años. Solicitó, además, eliminar los cinco años de libertad vigilada tras su paso por prisión.
Por su parte, Eloy Fernández Schmitz, abogado de la acusación particular, volvió a reclamar los veinte años de prisión eliminando atenuantes. Sobre la responsabilidad civil, solicitó un aumento de las cuantías así como que se ajusten al baremo actual. Los magistrados de la Audiencia usaron el de 2015 y letrado pidió tener en cuenta el del 2024.
La petición recoge que se debería indemnizar con 300.000 euros a una de las hijas y 250.000 a la otra. Así como 150.000 euros para cada uno de los padres de la víctima –la madre ya ha fallecido–, lo que hacen un total de 850.00 euros frente a los 253.750 euros que habían impuesto los magistrados de la Audiencia Provincial.
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