"Es una soga al cuello": los vecinos de la calle Río Piloña de Gijón, en pie de guerra contra la Sareb por sus "cláusulas abusivas"

Un reciente burofax y unas ofertas de "contratos basura" ponen de nuevo en pie de guerra a los vecinos de Río Piloña número 3, en Contrueces, tras meses de reprocha hacia la Sareb, a quien acusan de querer desahuciarles.

El conflicto entre inquilinos y propiedad, en el que media desde hace ya un tiempo el Principado, ha vuelto a endurecerse después de que, a juicio de los inquilinos, las nuevas comunicaciones del llamado "banco malo" con ellos parezcan, a su juicio, querer impulsar un "desahucio encubierto". Insisten en que solo accederán a una solución "en bloque" y creen que la Sareb ofrece ahora dos vías de solución para "dividir a los vecinos".

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Pepo González, portavoz de los vecinos afectados, explica que, aunque valora la mediación del Principado, los residentes no ven probado la afirmación de que no habrá ningún tipo de desalojo, un compromiso que el Ejecutivo asturiano logró recibir por escrito, en una carta de la Sareb, pero que para los de Río Piloña no se refleja luego en la realidad.

A estas alturas del enfrentamiento entre la entidad y los inquilinos, la situación es ya compleja de resumir, pero, en esencia, a un grupo se les reconoce una situación de vulnerabilidad, optando a contratos de alquiler social, y al otro, que según la Sareb no cumple estos criterios de vulnerabilidad, se les ofrece una subrogación de contratos. Así, en teoría, ningún vecino tendría que abandonar su vivienda.

La letra pequeña de los contratos

González y sus vecinos explican, sin embargo, que en la "letra pequeña" esta garantía no es tal. A los vulnerables, según señala el portavoz, se les garantiza el primer año un alquiler social que, al ajustar una renta bonificada por el volumen de ingresos –que implica que el inquilino no puede destinar más de un tercio de sus ingresos al pago del alquiler–, rondaría los 400 euros al mes, pero esa cuantía dejaría de estar asegurada en los años siguientes. "Les hacen firmar un contrato con cláusulas abusivas, como que la actualización del IPC sea con la renta inicial y no la bonificada. Eso sería atarse una soga al cuello", asegura.

Una exigencia de 20.000 euros por atrasos

A los vecinos considerados no vulnerables, por su lado, esa oferta de contratos subrogados de la Sareb tiene también letra pequeña, según González, porque tendría una duración de un año y exigiría a los inquilinos el pago de unos 20.000 euros en concepto de atrasos, ya que la Sareb se considera merecedora de las rentas de los vecinos con carácter retroactivo a 2021.

"Aquí no hay 20.000 euros en ningún lado", lamenta González, que acusa también a la Sareb de haberles enviado un burofax donde señala no haber pactado con el Principado los criterios de vulnerabilidad a considerar en este edificio, un trámite que los residentes sí creían salvado. Ninguno firmará por ahora ningún contrato: quieren una solución "en bloque".