Golpe a la explotación sexual de mujeres en el norte de España: hay dos detenidos en Gijón y hasta 18 personas liberadas
Las víctimas, captadas en Colombia con falsas promesas de trabajo, adquirían una deuda que podía ascender a los 8.000 euros y que debían saldar ejerciendo la prostitución
La investigación de la Policía Nacional ha permitido desarticular hasta seis pisos donde las afectadas eran obligadas a mantener relaciones sexuales

CNP
Nuevo golpe a la explotación sexual de mujeres en España. Una organización criminal acaba de ser desarticulada por la Policía Nacional en una operación que se ha saldado con la detención de cinco personas (dos de ellas en Gijón, y las otras en Bilbao), la liberación de hasta dieciocho mujeres y la desarticulación de seis pisos prostíbulo repartidos por seis comunidades autónomas. Dos de los implicados han ingresado en prisión preventiva. Recientemente fue juzgado en Gijón un matrimonio colombiano que también explotaba a mujeres traídas de su país natal.
Explican fuentes del Cuerpo Nacional de Policía que las víctimas de explotación sexual eran captadas en Colombia, su país de origen, mediante falsas ofertas de trabajo en España, y después de facilitar su traslado a nuestro país, el entramado les imponía una deuda de hasta 8.000 euros que debían saldar ejerciendo la prostitución.
La labor policial arrancó en el mes de septiembre de 2024, a raíz del testimonio de una víctima que denunció haber sido engañada y traficada desde Colombia hasta Santander, donde terminó siendo explotada sexualmente. A partir de esta declaración, los agentes al frente de la investigación iniciaron numerosas pesquisas que “permitieron identificar una estructura criminal inicialmente compuesta por cinco individuos que, con el tiempo, evolucionó hacia tres ramas independientes, cada una con autonomía para continuar las actividades delictivas, pero manteniendo colaboración entre ellas”.
La actividad ilícita que llevaban a cabo estas personas era itinerante. Gestionaban pisos de forma temporal o estable en las comunidades autónomas de Galicia (La Coruña), Cantabria (Santander), Asturias (Oviedo y Gijón), País Vasco (Bilbao, San Sebastián, Vitoria), Navarra (Pamplona) y Castilla y León (Burgos, León y Ponferrada).
Captación, engaño y explotación
Las víctimas, “en situación de extrema vulnerabilidad”, detallan fuentes policiales, eran captadas en Colombia por una de las principales investigadas. A todas ellas les prometía lo mismo: trabajos bien remunerados o mejoras económicas una vez llegasen a España. Para ello, cuando aceptaban, les facilitaban los billetes de avión y una cantidad de dinero para sortear el control fronterizo haciéndoles pasar por turistas.
Al llegar a España la realidad era bien distintas. Las mujeres “recibían instrucciones precisas para llegar a las ciudades donde serían explotadas y de inmediato les informaban de que tenían una alta deuda económica con el grupo criminal. Deudas de entre 3.000 y 4.500 euros —aunque una de las víctimas llegó a pagar hasta 8.000 euros que debía ser saldada a través de servicios sexuales. “Tras pagar la deuda, y sin otra alternativa de subsistencia, las víctimas continuaban ejerciendo la prostitución con un reparto del 50% del beneficio, motivo por el cual no llegaban a desvincularse de la organización”, señalan desde el Cuerpo Nacional de Policía.
Violencia y drogas
La explotación era continua. Estaban obligadas a “estar disponibles las 24 horas del día, siete días a la semana, sin posibilidad de negarse a atender a los clientes”. Cada quince días las rotaban entre los pisos repartidos por la geografía española para impedir de estar forma que se asentasen y también para aumentar su vulnerabilidad.
La investigación policial sirvió para constatar también que algunas de las víctimas sufrían agresiones físicas si se negaban a trabajar o estaban enfermas. Además, los detenidos también las obligaban a consumir drogas para “aumentar el tiempo de prestación de servicios sexuales”. Los estupefacientes también servían como gancho en los anuncios publicitarios para captar clientes.
La red criminal también obligaba a las víctimas a abrir cuentas bancarias en su nombre, que luego eran utilizadas por los miembros de la organización para mover el dinero de forma encubierta, desvinculándose aparentemente de los beneficios de la explotación. En los siete registros de domicilios realizados se incautaron has 12.245 euros en efectivo, nueve teléfonos móviles y abundante documentación incriminatoria. Los agentes bloquearon hasta diez cuentas bancarias utilizadas por los delincuentes para canalizar los beneficios obtenidos de la explotación sexual.
Doble golpe a la trata de seres humanos
En la misma fecha en la que se desarrolló el operativo que ha desmantelado esta organización criminal, agentes de la Policía Nacional en una operación conjunta con la Ertzaintza, pusieron en marcha un dispositivo que ha permitido la desarticulación de otro entramado criminal dedicado a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. En este caso la organización contaba con ramificaciones en Bilbao, Vitoria, Pamplona, Zaragoza, Santander, Logroño, Figueras e Irún. Los explotadores captaban a sus víctimas en Brasil y las imponían una deuda que debían saldar ejerciendo la prostitución en condiciones infrahumanas en inmuebles que utilizaban como prostíbulos. Fruto de esta operación se logró la liberación de nueve mujeres y 21 personas fueron arrestadas en Vizcaya (6), Álava (5), Zaragoza (3), Navarra (2), Gerona (2), Barcelona (1), Guipúzcoa y La Rioja (1).
Con la trata no hay trato
La Policía Nacional cuenta con la línea telefónica 900105090 y el correo trata@policia.es para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia, anónima y confidencial de este tipo de delitos, no quedando reflejada la llamada en la factura telefónica.
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