El Ayuntamiento acentúa la vigilancia sobre las obras con fondos europeos
La selección de los contratistas vinculados a proyectos financiados desde Europa y los contratos menores centran el nuevo plan de control financiero
Los contratos menores y la selección de contratistas para los proyectos del Ayuntamiento de Gijón que cuentan con financiación europea son dos de los elementos en los que centrará su atención en los próximos meses el área de Intervención General del Ayuntamiento durante la elaboración del plan anual de control financiero de 2025. Un plan al que se han vinculado una serie de acciones que debían estar incorporadas al documento de 2024 y que no se pudieron ejecutar en el plazo previsto por falta de personal.
Así, el nuevo documento tendrá que asumir como herencia el control de la convocatoria de 2021 de subvenciones en el área de cooperación internacional, en cuanto a la comprobación del gasto que ronda los 1,4 millones, y la gestión que se hizo en 2023 –en base a la convocatoria del año anterior– del popular programa de bonos al consumo con un gasto de 1,1 millones. En ambos casos, se les seleccionaba para esta fiscalización sobre la base de un análisis de riesgos. Igual que todas las acciones que no tienen que ver con el control permanente que se hace en el día a día de la labor de Intervención.
También había quedado pendiente analizar el total de la contratación menor durante 2023 del Ayuntamiento y sus tres organismos autónomos: el Patronato Deportivo Municipal y las fundaciones Municipales de Cultura y Servicios Sociales. Lo que se hace de cara al nuevo documento es finalizar esa parte y ampliarla analizando toda la contratación menor ejecutada en 2024.
Recomendaciones futuras
Se seleccionan este tipo de contratos considerando como riesgo que están exentos de una fiscalización previa. Su control busca verificar el cumplimiento de la normativa y los procedimientos para ver tanto si se adecuan a una buena gestión como si cumplen los principios de racionalidad económico-financiera. Si se detectan deficiencias tocará a Intervención fijar recomendaciones para su corrección. Fijar en este plan anual la mirada sobre los contratistas de obras que hayan recibido dinero de los fondos Next Generation de la Unión Europea tiene que ver con las condiciones del plan de medidas antifraude que fijó el Ayuntamiento de Gijón cuando empezó a llegar el dinero conseguido por proyectos gijoneses en convocatorias del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
La comisión de evaluación del plan antifraude planteó la necesidad de un control adicional, ya fuera externo o interno, sobre las ofertas ganadoras de este tipo de licitaciones para comprobar que no hubiera indicios de prácticas fraudulentas y, por tanto, que no se hubieran manipulado los procedimientos. Este control adicional se le transfirió a la Intervención General que, a su vez, lo incorpora a su nuevo plan de control financiero.
El listado de actuaciones a seleccionar para su control se completa con la vigilancia de los proyectos de gasto, centrándose en los de inversión o los que tienen financiación afectada, la revisión de la ordenanza municipal de subvenciones y la verificación de los procesos ejecutados en 2023 y 2024 por el departamento de personal, teniendo en cuenta que se diseñaron procesos específicos de estabilización para dar respuesta a la ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.
Plan anual de control financiero
La Intervención General del Ayuntamiento ejerce el control interno de la gestión económica y financiera del sector público local, con plena autonomía a través de las modalidades de función interventora, control financiero y control de eficacia. El Plan Anual de Control Financiero es un documento que se elabora desde la Intervención y del que debe ser informado el Pleno El plan de 2025 en el Ayuntamiento de Gijón incluirá completar informes planificados para 2024 y que no pudieron ser ejecutados. Entre ellos la fiscalización de los bonos al consumo y las ayudas a cooperación internacional Las acciones a controlar se deciden en base a la aplicación de criterios de riesgos y afectan a seis áreas de la actividad económico-financiera: contratación, subvenciones y ayudas públicas, ingresos, personal, gestión económica y patrimonial y tesorería.
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