Benigno Villarejo Alonso, decano de los abogados: "En Gijón hay más procedimientos judiciales, pero no mayor inseguridad ciudadana"

¿En qué momento está el Colegio de la Abogacía de Gijón?

Sobre todo asimilando, asumiendo e implantando aquellas cuestiones derivadas de las novedosas leyes de eficiencia del Servicio Público de Justicia, especialmente la Ley Orgánica 1/2025, como la creación de Tribunales de Instancia, la nueva oficina judicial o la comarcalización de determinados juzgados. Hemos trabajado estos meses en adaptarnos y tomar medidas útiles para el ejercicio profesional. También ha habido un incremento notabilísimo en materia formativa.

Prosiga.

Por otro lado, ha sido un año un poco triste por el fallecimiento de algunos compañeros muy queridos. Por contra, hemos tenido el reconocimiento a dos compañeros como Fernando de Silva y Manuel Meana, que recibieron la Insignia de Oro y nos enorgullece.

¿Qué avances ha habido en los últimos meses?

En cosas que tienen que ver con hacer el día a día más fácil a nuestros compañeros. Seguimos trabajando a nivel institucional en la previsión social de la abogacía, la mutualidad, la jubilación... Estamos trabajando con la Consejería de Justicia para nuevas retribuciones del turno de oficio y para retribuciones de cosas que no estaban previstas antes de la nueva ley, como la intervención de los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC).

¿Y eso significa...?

Que antes de iniciar un procedimiento judicial hay que acudir a un MASC, como la mediación judicial, notarial o registral, ir a un experto independiente, a un conciliador... El espíritu de la ley es que se inicie siempre un proceso negociador entre las partes que procure evitar el conflicto judicial. Como toda norma legal hay que cumplirla y acatarla, pero hay que dejar claro que en el ADN del abogado ya está el intento de llegar a un acuerdo, incluso en nuestro estatuto profesional y código deontológico.

¿Hay alguna inquietud entre los abogados respecto a las condiciones?

El tema de la previsión social es importante. Cuando hay un núcleo de compañeros que tienen una expectativa de jubilación pequeña, tras trabajar toda la vida, eso no es justo y no se puede dejar en el olvido. Los poderes públicos deben solucionarlo, dotando de los medios y garantías necesarios. Están siendo perezosos. Ahora está en trámite parlamentario la pasarela al RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos), que nos permitiría intentar tener una pensión de mínimos.

¿Y en cuanto al turno de oficio?

Hay nuevos conceptos, como los MASC. Si se nos obliga a hacer una mediación previa al ejercicio de la acción, se nos tiene que pagar por ello. La Consejería de Justicia está trabajando para mejorar nuestras condiciones retributivas y conceptuales. Están receptivos , hay negociaciones que conducirán a que se retribuya incluso retroactivamente. Mantenemos reuniones constantes con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), hay una relación de colaboración y lealtad. Encuentro una escucha activa, y también en la Consejería de Justicia, aunque las reivindicaciones seguirán en marcha.

El pasado año fue reelegido decano del Colegio de la Abogacía. ¿Será su último mandato?

Me lo planteo básicamente porque llevo más de 20 años en la junta de gobierno. Pero las circunstancias mandan y quizás la situación en tres años impone una continuidad. Ahora no lo puedo decidir, pero es bueno que cada dos mandatos, o tres como mucho, haya un relevo.

¿Cuál es la situación de la sede de Cimavilla?

Hemos hecho mejoras puntuales de conservación. Hay mucha humedad en la planta baja que provoca problemas en equipos informáticos. Queremos un ascensor para una mejor accesibilidad y crear salas de formación o de otro tipo. Es un proyecto complicado pero hay buena receptividad por parte del Ayuntamiento.

¿En qué medida ha llegado la Inteligencia Artificial a la abogacía?

Ha irrumpido. Nos hemos centrado en dotar de herramientas de IA vinculadas a editoriales jurídicas porque ellas tienen un repositorio documental que ponen al servicio de la herramienta. Con estos mecanismos, se pueden buscar más eficazmente sentencias, construir demandas, elaborar preguntas para interrogatorios... Eso sí, la Inteligencia Artificial no ha de sustituir a la humana.

¿Qué opina de la comarcalización de los juzgados de violencia sobre la mujer en Gijón?

Ha generado repulsa en determinados sectores pero otros abogan por esta solución porque entienden que habrá mayor especialización. Atribuir tantas competencias a la jueza puede significar un colapso. Hay que dotar de los máximos medios materiales y humanos estos juzgados. Es una norma a acatar y, si es mejor o peor, lo veremos con la aplicación práctica de la ley.

¿Cómo ve a la justicia en Asturias?

Razonable en lo ágil, eficaz en lo resolutorio y comprometida con el servicio público, aunque haya habido retrasos por huelgas o el covid. Es mejorable. Queremos más plazas de jueces, que los procedimientos salgan con más rapidez y que los señalamientos de vistas sean lo más pronto posible.

¿Y el Palacio de Justicia?

Es probablemente el mejor de Asturias. Es moderno, con espacios amplios y cómodos. Y se puede mejorar. Posibilidades de crecer, aunque no muchas, existen.

¿Gijón es segura?

Tenemos unas Fuerzas de Seguridad del Estado de eficacia absoluta y espíritu de servicio total. Vemos que quizás hay más procedimientos judiciales, pero no por eso tengo una sensación de inseguridad en mi ciudad.

¿La justicia pierde credibilidad con la imputación del fiscal general del Estado?

Es complejo. Nace de una cuestión relacionada con el secreto profesional, un pilar esencial de la abogacía. Cuando alguien presuntamente lo quebranta, pone en jaque todo el sistema. Que un fiscal general esté imputado y sometido a un posible juicio no ofrece un gran credibilidad. Si resulta condenado, será complicado de explicar a la ciudadanía que se mantenga en el cargo aún. Pero debemos dejar que los tribunales hagan su trabajo y esperar a una sentencia. Todo lo digo con la certeza de que los fiscales de Asturias hacen un trabajo excepcional del que no puedo cuestionar ni mínimamente su ética y rigor jurídico.

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