Las cámaras de vigilancia motivan una "bajada" de robos en la zona rural de Gijón: "A corto plazo, el nivel ha disminuido"

"A corto plazo, el nivel de robos ha disminuido". Son palabras de Nuria Bravo, concejala forista de Seguridad Ciudadana y Emergencias, en alusión a la zona rural de Gijón. En mayo de este año, tras la pertinente instalación y superada una tramitación más tortuosa de lo previsto, se pusieron en funcionamiento las anheladas cámaras de vigilancia. Un circuito de 49 dispositivos ubicados en puntos estratégicos cuya reivindicación venía de lejos por parte de los vecinos, que denunciaban los asaltos que se producían en las viviendas. La puesta en marcha de los aparatos, señalan desde el Ayuntamiento, ha coartado a los cacos, si bien remarca Nuria Bravo que "es pronto para evaluar el efecto de las cámaras; igual lo veremos en dos o tres años".

La edil forista subraya que los dispositivos de videovigilancia suponen "una medida preventiva" y que los robos "no desaparecerán". No obstante, resalta que "cuantas más haya, más complicado lo tendrán", en referencia a los asaltantes. Además, un dron de la Policía Local peina permanentemente la zona rural de aras de disuadir a posibles ladrones. Con pies de plomo hay que ir para la potencial colocación de más cámaras. "Es un proceso complejo", asevera Nuria Bravo. A inicios de verano, la alarma saltó en las parroquias del oeste debido a una oleada de asaltos. "Los vecinos nos mostraron su preocupación", afirma Bravo. De hecho, tuvo lugar una reunión en el Ayuntamiento para abordar posibles soluciones a la problemática.

"Un proceso complejo"

El gobierno local decidió entonces reforzar la vigilancia con una patrulla de apoyo de la Policía Local y con el arranque del procedimiento de cara a, si la situación lo requiere, implementar cámaras en Cenero, Poago, Monteana, Serín y San Andrés de los Tacones. En el encuentro hubo representación de la Policía Local y de la Guardia Civil. En la semana previa, los líderes vecinales de las parroquias afectadas se habían reunido para unir fuerzas y reclamar acciones a las administraciones. Cifraron en más de veinte los asaltos en apenas mes y medio.

"Estamos en el estudio de hechos delictivos porque sin él no se puede dar el siguiente paso", incide Nuria Bravo. El Ayuntamiento no puede por sí mismo impulsar la instalación de dispositivos de vigilancia. Los permisos dependen de Delegación de Gobierno, que da luz verde en circunstancias específicas. El Consistorio se encuentra en la fase de analizar si, en las parroquias del oeste anteriormente mencionadas, existe –y ha existido– una cantidad significativa de robos que justifique la petición de ubicar cámaras. Lo que se hace es evaluar, con datos, el estado real de la situación. "Si no hay una estadística importante, no nos van a autorizar", manifiesta Nuria Bravo, que enfatiza en que "los robos en la zona rural son competencia de la Guardia Civil, pero estamos para apoyar y para lo que nos soliciten", enfatiza Nuria Bravo.

Análisis de los robos en la zona oeste

Las cámaras activas en diferentes emplazamientos del entorno rural gijonés –en 29 puntos de diez parroquias– están equipadas con tecnología de última generación que incluye sistemas de Inteligencia Artificial para la lectura automática de matrículas y la detección de movimientos inusuales de vehículos y personas. Asimismo, cada una se colocó de manera estratégica a partir de un informe técnico elaborado por la Policía Local basado en índices de criminalidad y datos de tráfico.

Cuando se pusieron en marcha los dispositivos, desde la concejalía de Seguridad Ciudadana y Emergencias también apuntaron que los agentes recibirían una formación específica para exprimir al máximo las funcionalidades de los dispositivos de videovigilancia, que, al menos en los meses que llevan activos, han servido para dar un respiro, aunque no total, a los vecinos. Un sesudo análisis del contexto delictivo en las parroquias del oeste dictaminará si el gobierno local pulsa el botón para solicitar nuevas cámaras.

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