El conflicto entre el Principado y la UTE encargada de hacer la ampliación del Hospital de Cabueñes se reactiva con el inicio (mañana) del juicio

La demorada ampliación del Hospital Universitario de Cabueñes tiene dos frentes abiertos desde que a inicios de año el Principado anunciase que paralizaba la obra por discrepancias con la UTE encargada de la actuación. Por un lado, la Consejería de Salud trata de impulsar un nuevo proyecto más global, unificando actuaciones que inicialmente iban a fasearse, para reactivar las obras el año que viene. Pero, por otro, los servicios jurídicos de ambas partes, el Principado y la UTE, llevan también meses trabajando en una batalla legal que, según las fuentes consultadas por este periódico, se reactiva mañana miércoles con la que será la primera cita judicial por los varios contenciosos que la UTE presentó contra la administración, a quien acusa de haber licitado un proyecto de ampliación incompleto y con deficiencias. El Principado también ha sido siempre firme en su postura: acusa a la UTE de haber intentado forzar un modificado de proyecto millonario y sin justificación legal.

La Consejería de Salud resolvió anular el contrato de ampliación de manera unilateral y por causas imputables a la UTE y rechazó las alegaciones que las constructoras habían presentado contra ese trámite. El Consejo de Gobierno dio de paso esa rescisión de contrato en mayo, y para entonces las relaciones entre la UTE y el Principado eran ya imposibles de reconducir fuera de un juzgado. En sus alegaciones, de hecho, la UTE señalaba que "la determinación final" sobre lo ocurrido con la ampliación de Cabueñes, viendo que ambas partes se acusan mutuamente como responsables del parón, debía aguardar por una resolución judicial.

El Principado, sin embargo, dictaminó resolver el contrato sin más espera –un paso que necesitaba dar para poder tramitar el encargo para redactar un nuevo proyecto– y hasta el propio presidente Adrián Barbón ya ha manifestado públicamente que el Ejecutivo está convencido de poder acreditar judicialmente su postura. Y lo hace por dos motivos. El primero, porque las razones esgrimidas por la jefatura del servicio de Obras de la Consejería siempre coincidieron con las quejas de la dirección facultativa de la obra, que acusaba a la UTE de retrasos, errores y reproches contra un proyecto, a juicio de la dirección, válido. El segundo, porque el Consejo Consultivo ya ha avalado también la tesis del Principado con un dictamen en el que considera acreditado el "incumplimiento" de las constructora. La tesis general del Principado es que la UTE trataba de impulsar un modificación millonaria del proyecto original.

Tres causas pendientes

Por su parte, no obstante, la UTE también parece haberse cubierto las espaldas desde el inicio y fue acreditando sus desencuentros con la administración pública a golpe de contencioso y antes de que se disolviese el contrato. LA NUEVA ESPAÑA dio cuenta de ellos el pasado marzo tras haber accedido al expediente completo de este fiasco. En esos documentos se constataba que las constructoras de la UTE habían presentado, primero, un contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que se admitió a trámite el pasado mes de mayo y después de que Salud no atendiese a la petición de la UTE de suspender parcialmente las obras por motivos que, a juicio de las empresas, no les eran imputables. Alegaban la falta de disponibilidad de dos fincas y un error en el proyecto en el diseño de una galería de instalaciones.

Llegaron, después, otros dos contenciosos. Uno contra la resolución de Salud con la que se desestimaron las alegaciones que la UTE había presentado contra la imposición de penalidades por supuestos retrasos e incumplimientos de hitos en la obra. Fueron 2,6 millones de euros, la mayor "multa" que pone el Principado a una entidad adjudicataria por una obra pública. El otro contencioso, presentado en febrero, iba en contra de la resolución de Salud que desestimó otra petición de la UTE para paralizar los trabajos. Para entonces las constructoras ya señalaban la posibilidad de estar sufriendo "daños y perjuicios" en todo este proceso. En su parte de alegaciones contra la resolución unilateral del contrato, también señalaba que, como a su juicio el parón de la obra no era su culpa, debían ser indemnizadas.

La ampliación de Cabueñes comenzó en agosto de 2022 y se suspendió a inicios de este año con solo 20 millones de euros certificados en una obra que costaba 79. La batalla legal que se reactiva mañana será clave para una obra sanitaria que ya sigue su curso con una nueva tramitación administrativa, pero que aún ahora deja en el aire una asunción de responsabilidades que ninguna de las dos partes admite.

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