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La obra de la ampliación del Hospital de Cabueñes se blinda contra los robos con cámaras y vigilantes

El Principado, que inicia hoy su batalla legal con la UTE de la ampliación, graba ya el recinto con dispositivos de inteligencia artificial e infrarrojos

Aspecto actual de la inacabada obra de ampliación de Cabueñes.  | JUAN PLAZA

Aspecto actual de la inacabada obra de ampliación de Cabueñes. | JUAN PLAZA

Cabueñes

El recinto de la ampliación del Hospital Universitario de Cabueñes estará vigilado en todo momento y hasta que se reactiven los trabajos para evitar allanamientos y actos vandálicos. El complejo sanitario tiene ya operativas un total de 20 cámaras de videovigilancia, instaladas en el actual hospital, pero orientadas de tal manera que cubren las dos fincas de la ampliación en toda su extensión. La red, dotada de un sistema de infrarrojos y de inteligencia artificial, puede controlar el recinto también de noche y detectar de manera automática movimientos sospechosos. El operativo, además, se refuerza con personal de seguridad, que se encarga de realizar rondas nocturnas a lo largo del perímetro de ambas obras. Queda así blindado el entorno de una ampliación que, por lo demás, reactiva esta semana, tal y como adelantó ayer LA NUEVA ESPAÑA, la batalla legal entre el Principado y la UTE que había sido responsable de la obra. Las partes se acusan mutuamente como responsables de un contrato de obra ya disuelto.

Implantar un sistema especial de vigilancia en las estructuras a medio construir después de que la obra se paralizase a inicios de año por el desencuentro con las constructoras era una de las promesas adquiridas por la Consejería de Salud, que confirmó ayer estar adoptando "medidas de seguridad con cámaras y personal".

El operativo de vigilancia lo coordina el área sanitaria gijonesa, desde donde explican que la cobertura actual del entorno de la ampliación es garantista. Se ha instalado una red de cámaras de tipo domo, otras dotadas con inteligencia artificial y otras de tipo bullet que tienen infrarrojos, y todas ellas permiten, por ejemplo, detectar un movimiento sospechoso durante la noche y que el sistema discierna automáticamente si se trata de un animal –y por lo tanto ignorar el aviso– o si se trata de un intruso. En caso de detectarse esto último, la red, conectada con una central de intrusión, puede activar en el instante el protocolo correspondiente.

Refuerzo de personal

Las cámaras están instaladas en seis puntos diferentes del actual complejo hospitalario y funcionan durante las 24 horas del día. Desde Cabueñes se puede controlar en tiempo real todo el ámbito y con decenas de ángulos diferentes. El operativo alcanza tanto a la finca principal de ampliación, donde se ubica el nuevo hospital que se quedó a medio construir, como el terreno que alberga la estructura del que será el edificio de instalaciones.

La tecnología, además, se refuerza con personal de vigilancia. Todas las noches, y desde hace ya meses, una persona se dedica a patrullar el perímetro externo de la ampliación. Tiene que realizar varias rondas y pasar por puntos de control que registran su paso con su computadora de bolsillo. Asegura desde Cabueñes que, aunque no hubiese trascendido hasta ahora –Salud no lo confirmó hasta ayer–, estas rondas específicas para vigilar la ampliación comenzaron en abril y el control general del recinto se activó en cuanto los trabajadores de la UTE abandonaron el recinto.

Garantizar la seguridad del entorno de la ampliación era uno de los proyectos que se habían planificado en el marco de una obra que se paralizó a inicios de año por discrepancias con la UTE y mientras Salud trabaja en impulsar un proyecto nuevo y mejorado. El carpetazo definitivo al anterior contrato, sin embargo, tendrá que dirimirse en los tribunales, y de ahí la importancia de la batalla legal que hoy se inicia. Las dos constructoras que integraba la UTE adjudicataria presentaron al menos tres contenciosos antes incluso de anularse el contrato y en protesta contra la negativa del Principado a paralizar parcialmente las obras –las empresas aseguraron durante meses que el proyecto era defectuoso y que no podía ejecutarse sin un modificado– y a imponerles, como hizo, una multa millonaria por retrasos. En general, la UTE esgrime que el proyecto licitado tenía errores y el Principado la acusa de haber obstaculizado el avance de la obra con el objetivo de lograr un modificado del proyecto con más presupuesto del acordado.

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