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Cárcel o expulsión de España: la pena pedida para una acusada (la otra está fugada) de estafar y dejar morir a un gijonés en un piso de citas

La mujer, de nacionalidad colombiana, tendrá que responder ante un jurado popular

La segunda acusada, hija de la primera, se mantiene en paradero desconocido

La acusada, a la izquierda, saliendo de los Juzgados junto a su defensa.

La acusada, a la izquierda, saliendo de los Juzgados junto a su defensa.

Ya se conoce la petición de cárcel que solicita la Fiscalía para una de las acusadas en el caso por la muerte de Saúl Rodríguezel joven de 24 años que fue encontrado sin vida en un portal de un piso de citas de Laviada en octubre de 2023. Tras declarar este pasado octubre una de las implicadas, el Ministerio Fiscal solicita una pena de dos años por el delito de estafa, además de la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la condena, a sustituir por su expulsión del territorio español durante 7 años, y 12 meses de multa con cuota diaria de 20 euros por el delito de omisión del deber de socorro.

Estas peticiones se realizan después de que la Fiscalía considerase que "no prestó ayuda a un joven que había acudido a su casa para mantener relaciones sexuales pagadas y falleció tras consumir alcohol y drogas" por el delito de estafa. También entiende que "realizó en su propio beneficio varias transferencias bancarias desde una cuenta de la víctima utilizando el teléfono móvil de esta, con la herramienta de reconocimiento facial", en el caso del delito continuado de estafa.

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que la acusada indemnice a la madre del fallecido con 15.000 euros por daños morales y a sus herederos, con 3.515,40 euros por el dinero obtenido ilícitamente, todo ello más los intereses legales correspondientes. Está previsto que en los próximos meses la causa sea juzgada ante un jurado popular en la Sección Octava de la Audiencia Provincial.

Los hechos

Según recoge el escrito del Ministerio Fiscal, el 22 de octubre de 2023, Saúl Rodríguez "concertó un encuentro sexual pagado" en el domicilio de la principal acusada, de nacionalidad colombiana. Quedaron en la vivienda de la mujer, donde también residía su hija mayor de edad. El precio acordado por la relación sexual fue de 60 euros por media hora y 120 euros por la hora completa.

Dentro del domicilio, el joven de 24 años "ingirió alcohol y sustancias estupefacientes y, en un momento dado, comenzó a encontrarse mal y llegó a convulsionar". En este punto, la acusada al darse cuenta de la gravedad del asunto, "sin prestarle ayuda ni pedir el necesario y conveniente auxilio de terceros ni acudir a personal sanitario, decidió sacarlo de la casa, arrastrándolo hasta el descansillo del quinto piso del edificio. Allí lo abandonó". Poco tiempo después, Saúl Rodríguez fue encontrado muerto en el descansillo, sobre las 18:58 horas.

A su vez, la acusada, entre las 16.00 y las 17.30 horas, realizó desde el móvil y la cuenta del joven varias transferencias por un importe de 3.515,40 euros a favor tanto de ella como de su hija. Para ello utilizó el teléfono móvil del joven, al que accedió con la herramienta de reconocimiento facial. La hija de la acusada, que se encuentra en paradero desconocido, no llegó a tener relación sexual alguna con Saúl Rodríguez.

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