Gijón frena la amortización de 21,6 millones de deuda para estudiar su uso para inversión
Podemos pide dedicar a vivienda la mayoría de ese dinero, que ahora el Estado permite destinar a inversiones financieramente sostenibles
Ayuntamiento de Gijón.
Justo cuando estaba a punto de hacerlo el gobierno municipal de Gijón ha pisado el freno al pago de los 21,6 millones para la amortización de su deuda que debía asumir antes de que acabara el año. Y ese freno seguirá pisado mientras el equipo económico que encabeza la forista María Mitre estudia el recién aprobado real decreto-ley que permite ahora a los ayuntamientos destinar el superávit de 2024 a inversión. En concreto a las denominadas inversiones financieramente sostenibles.
El Ayuntamiento de Gijón no tiene nada decidido pero lo cierto es que el decreto de medidas urgentes para favorecer la actividad inversora de las entidades locales y las comunidades autónomas aprobado en el último Consejo de Ministros y que ayer entraba en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado abre un nuevo escenario lleno de posibilidades. Tantas como dan esos 21,6 millones que, hasta ahora, la ley obligaba a Gijón a dedicar a amortización de deuda por ser su superávit en el cierre de cuentas del año 2024. Con la nueva regulación esos millones pueden dedicarse a inversión a lo largo de 2025, 2026 y 2027. A Gijón este cambio le pilla con el presupuesto de 2026 recién aprobado por el Pleno.
Podemos ha sido el primer grupo de la oposición en mover ficha. Olaya Suárez aprovechaba ayer la reunión de la Junta de Portavoces para fijar el orden del día del pleno del próximo miércoles –el último ordinario del año– para incorporar el asunto vía moción de urgencia. Su propuesta de acuerdo es doble. Por un lado, pide que de manera efectiva se desista de dedicar el dinero a pagar deuda y se opte por destinarlo a inversión y, por otro lado, plantea que "una parte importante" de ese dinero vaya a ampliar el parque de vivienda pública en Gijón.
"Se necesita vivienda y se necesita ya, estos 21,6 millones con los que no contaba el Ayuntamiento se convierten en una gran oportunidad", explicaba la portavoz de la formación morada. Al ser una moción de urgencia, Suárez tendrá que argumentar ante el Pleno las razones de la urgencia para su inclusión en el orden del día. Solo si se aprueba la urgencia se entraría a debatir, y votar, el asunto.
La inclusión de la vivienda como inversión financieramente sostenible para las entidades locales es una novedad que tiene sus complicaciones. El cumplimiento de los plazos de ejecución, por ejemplo, dificultan optar por nuevas construcciones, pero la adquisición directa de vivienda no es factible, según indican los expertos.
La devolución de dinero a las empresas municipales
Las entidades locales pueden destinar ese tipo de inversiones a la prestación de servicios esenciales, como alcantarillado, abastecimiento de agua, recogida de residuos o alumbrado público. También a infraestructuras de transporte, centros docentes, asistencia social primaria, vivienda, recursos hidráulicos o sociedad de la información, entre otros ámbitos.
La prioridad es que sean importantes proyectos de interés público y económicamente sostenibles a lo largo de toda su vida útil. En cuanto a plazos, las inversiones a pagar con el superávit de 2024 se pueden ejecutar en los años 2025, 2026 y 2027 pero con la obligación de que estén iniciadas antes del 31 de diciembre de 2026.
¿El nuevo escenario permitiría al Ayuntamiento devolver el dinero que para pagar una parte de esa deuda le transfirieron algunas de sus empresas y los organismos autónomos? Esa es otra pregunta para la que la oposición espera respuesta. Para amortizar esos 21,6 millones de deuda del Ayuntamiento se dispusieron 12,6 millones desde las arcas del Ayuntamiento, 2,6 millones procedentes de la Empresa Municipal de Aguas (EMA), otros 1,6 millones de Emulsa, 4 millones de la Fundación Municipal de Servicios Sociales, 412.800 de la Fundación de Cultura y 338.700 del Patronato Deportivo Municipal. Las modificaciones presupuestarias que dieron soporte a todas esas operaciones ya pasaron los filtros de sus aprobaciones en consejos de administración, juntas rectoras y el propio Pleno.
Mismo dinero, dos escenarios
- Gijón cerró las cuentas de 2024 con un superávit de 21,6 millones.
- La ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera obliga a dedicar ese superávit a la amortización de deuda. Había que pagar antes de este 31 de diciembre.
- El real decreto-ley que ayer entró en vigor permite dedicar el superávit de 2024 a inversiones financieramente sostenibles (IFS) en 2025, 2026 y 2027.
- El Ayuntamiento de Gijón ha paralizado el pago de esos 21,6 millones mientras estudia el impacto del decreto-ley.
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