"Hasta hace unos días o no funcionaban o lo hacían de forma ilegal", denuncia el PSOE sobre las cámaras de vigilancia en la zona rural

"Quien miente con ese descaro tiene que dimitir automáticamente". La edil socialista Marina Pineda remató así su petición pública del cese de la edil de Seguridad Ciudadana, la forista Nuria Brava, tras denunciar que las cámaras de vigilancia en la zona rural "no han estado en funcionamiento, o si han estado ha sido ilegalmente", hasta el pasado 19 de noviembre. Esa es la fecha, explicó Pineda, en que se informó favorablemente su instalación desde la denominada comisión de garantías de videovigilancia. Un paso previo a su autorización definitiva desde Delegación de Gobierno. La denuncia de Pineda llega en un momento especialmente sensible por la oleada de robos que se sufre en algunas partes de la zona rural gijonesa.

La instalación de esas cámaras había sido autorizada en mayo de 2023 –todavía en el pasado mandato político– por un año y su renovación no se puedo efectuar al no cumplirse el requisito de estar instaladas. Esa instalación llegó el pasado marzo "casi dos años después. En ese momento debió iniciarse un nuevo procedimiento de autorización", concretó Pineda. La socialista enfrentó este cronograma con declaraciones públicas de Bravo dando por buena el funcionamiento de las cámaras y una última intervención en comisión hace unos días donde solo hizo referencia a los problemas de dos cámaras por no poder conectarlas a la red eléctrica.

"Anunciaron a bombo y platillo algo que no funcionaba y si lo hacía era ilegalmente. Se mintió a la Corporación, a la ciudadanía y, sobre todo, a las parroquias, dando una falsa sensación de seguridad", concretó la concejala del Grupo Municipal Socialista antes de pedir la dimisión de Bravo. "Es inadmisible que la máxima responsable de la seguridad ciudadana en el Ayuntamiento haya ocultado la falta de autorización de las cámaras", remató Pineda.

El PSOE volverá a llevar el asunto a comisión y, al tiempo, exige la reunión urgente de la Junta Local de Seguridad para "analizar la situación y desarrollar acciones en las que el gobierno municipal se implique. Gijón no puede seguir siendo el escenario de la incompetencia en la gestión de la seguridad pública".