El Pleno de Gijón cierra año con un pacto unánime sobre política de vivienda: estos son los acuerdos alcanzados

La vivienda, un problema prioritario para la sociedad gijonesa, centró el debate del último Pleno ordinario de 2025 y, sobre ese asunto, se alcanzaron dos unanimidades más que significativas. Unanimidades teniendo en cuenta la ausencia de la única edil de Vox, Sara Álvarez Rouco, que en su condición de diputada autonómica estaba en la ronda de comparecencias del presupuesto del Principado. Un acuerdo final entre IU, como proponente de la iniciativa, y los socios de gobierno (Foro y PP) que la habían enmendado, dio soporte a la unanimidad al votar la proposición de un plan de impulso a las políticas de vivienda en la ciudad.

El consenso plenario consolida el principio de acuerdo, o por lo menos el final del enfrentamiento abierto entre ambas partes, alcanzado hace unos días en una reunión entre la Alcaldesa, Carmen Moriyón (Foro), y el consejero de Vivienda, Ovidio Zapico (IU), y le pone deberes a ambas partes. Así, y a corto plazo, el Pleno compromete al gobierno local a ceder suelo municipal a la consejería en el primer trimestre de 2026 para la construcción de, al menos, 300 viviendas públicas autonómicas para alquiler asequible. A medio y largo plazo ese compromiso municipal debe dar lugar a "mecanismos de colaboración" con la consejería y a diseñar actuaciones de apoyo a cooperativas de viviendas y modelos de vivienda colaborativa.

Sin debate sobre el uso del superávit

Los deberes que a la consejería de Zapico le pone el Pleno de Gijón es que «atienda las demandas de los agentes de la concertación social e impulsen de manera urgente todas las medidas que sean oportunas para reactivar el mercado de la vivienda de protección oficial». La demanda fundamental es la que los constructores hacen sobre la necesidad de subir el precio del módulo de ese tipo de vivienda. También lo que reivindicó el gobierno gijonés tras quedarse sin candidatos a su Plan Llave.

Antes de llegar a la unanimidad en este punto se había dato otra, también en materia de vivienda, a partir de una proposición del PSOE, enmendada por PP y Foro, sobre un proyecto de vivienda colaborativa intergeneracional para la que el Ayuntamiento cederá suelo. El debate político tuvo como prólogo una intervención de Amalio Espinosa de "El Llar Cohousing", con quien ha estado negociando el gobierno local un proyecto que incluye una cesión de viviendas a Emvisa para dedicarlas a jóvenes. Gijón se pone manos a la obra para hacer realidad esta operación.

Hablando de vivienda también quería acabar el Pleno Podemos a través de una moción de urgencia en la que, a partir de la publicación del reciente decreto ley que permite a los ayuntamientos dedicar el superávit que tenían que destinar a amortización de deuda a inversiones financieramente sostenibles, pedía que el Pleno fijará ya el uso inversor de esos 21,6 millones y que buena parte fueran a vivienda.

No pudo ser. La mayoría que conforman Foro, PP y el edil no adscrito no avalaron la urgencia del tema así que la reivindicación de Olaya Suárez no llegó a debatirse.

Condiciones "leoninas" del Principado en Prendes Pando

Hubo más debates. Unos 22 millones, y sin contar con el mobiliario y el equipamiento interior. Esa es la estimación del coste de la rehabilitación integral de los antiguos juzgados de Prendes Pando que le sale al Ayuntamiento de Gijón tras un informe sobre el estado del edificio realizado por el jefe de la sección de Arquitectura y del que ayer dio cuenta el edil de Infraestructuras, el forista Gilberto Villoria, en su respuesta a un ruego de Olaya Suárez, Podemos. Villoria no solo habló de cifras y de las actuaciones necesarias para poner al día al edificio también dejó claro que el gobierno local no tiene intención de asumir ese coste sobre un edificio que es propiedad del Principado y menos en las condiciones, que calificó de "leoninas e inadmisibles", fijadas en el acuerdo al que se había alcanzado a finales del anterior mandato.

"Nos obligaba a costear la obra, hacerla en menos de tres años comprometiendo un tercio de la inversión municipal porque serían siete millones al año, para una cesión de 30 años y si había incumplimiento de algún plazo o compromiso devolver el edificio al Principado. Toma esto, hazlo como yo te digo y para lo que yo te digo y cuidado si pasa algo que entonces revierte el edificio. No vamos a entrar en ese juego", aseguró Villoria recordando que hay edificios municipales –su ejemplo fue la vieja comisaría– que necesitan obras similares.

El estudio realizado desde el Ayuntamiento parte de una intervención completa sobre el edificio, al entender que no tiene sentido actuar solo en una planta cuando es necesario la renovación completa, y de un módulo de coste de 1.815 euros por metro cuadrado (IVA incluido). El edificio tiene una superficie construida de 11.963 metros cuadrados. La reforma no necesitaría de una intervención profunda en la estructura. Algo que reduce los costes.

Identificar campos de concentración del franquismo

Todas estas explicaciones acompañaron el no de Villoria a la iniciativa de Podemos que pedía un estudio riguroso como primer paso para actuar sobre un edificio cuyo uso han reivindicado desde hace tiempo entidades de todo tipo de la ciudad. Tampoco tuvo suerte el portavoz de IU, Javier Suárez Llana, con su ruego en favor de una reforma integral del parque de la Fábrica de Gas. No lo ve una prioridad la concejalía de Medio Ambiente, cuyo edil, el popular Rodrigo Pintueles, explicó que "se van a hacer allí importantes mejoras con la ampliación de la zona de juegos instalando una ministra con un cierre perimetral, son 114.000 euros" y recordó que hay una partida de 300.000 euros para ampliar zonas verdes en el barrio de La Arena. Ya como vecino del entorno, y ante el listado de críticas del edil de IU sobre el espacio, Pintueles remató su intervención con un "pues debo tener muy mal gusto pero a mi me gusta".

Si acepto el gobierno el ruego de Alejandro Farpón, edil de IU, para hacer un inventario y señalización de de espacios de la ciudad utilizados como "centros de represión, campos de concentración o lugares de detención desde el 21 de octubre de 1937 y durante los primeros años de la postguerra".

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