El precedente asturiano del lío con el Gordo en Villamanín: el quiosquero condenado por vender papeletas sin validez del número de la lotería que tocó
El vendedor, que alegó "un error" por el que las participaciones no estaban respaldadas por décimos, terminó asumiendo una condena por estafa y teniendo que indemnizar a los compradores, que nunca cobraron el premio del sorteo

Tenso silencio en Villamanín tras el premio envenenado del Gordo de Navidad y los cuatro millones que faltan / Mariola Riera
P. T.
La paz se ha roto por completo en el pequeño pueblo leonés de Villamanín a causa del Gordo de Navidad. Hay cuatro millones repartidos en papeletas que no se pueden cobrar: no hay décimos que las respalden. La comisión de fiestas de Villamanín ha querido dejar claro que se trata de un error, de un taco de papeletas vendidas que se les olvidó validar para adquirir la serie de diez décimos que la respaldaban; premiados, a la postre, con el Gordo del Sorteo Extraordinario de Navidad. Las cincuenta papeletas afectabas sumarían un premio de cuatro millones de euros que ahora es incobrable. El pueblo y la comisión de fiestas buscan una difícil salida a un entuerto que, pese a que es llamativo por el montante que suma el Primer Premio de Navidad, tiene algún que otro precedente, aunque con diferencias que hay que tener en cuenta.
Y lo hay en Asturias, comunidad vecina y con gran vinculación con Villamanín. Concretamente en Gijón. Aunque con algunas circunstancias diferentes respecto a lo sucedido en Villamanín, en aspectos básicos los casos sucedidos presentan similitudes. Si bien en el pueblo leonés los responsables de la comisión de festejos han dado la cara intentando alcanzar una solución que evite un conflicto judicial, en el caso asturiano todo acabó en los juzgados y con una condena para quien había vendido las papeletas de la lotería. Igualmente, en Villamanín vendió la lotería afectada una entidad sin ánimo de lucro, como es una comisión de festejos, mientras que en el caso gijonés fue un negocio, un quiosquero.
El precedente de Gijón
La historia estalló en diciembre de 2012 en el barrio de Portuarios, cuando varios vecinos pasaron en cuestión de horas de la euforia a la indignación, tal y como ocurrió en Villamanín. Creían haber sido agraciados con el primer premio de la Lotería Nacional, pero pronto descubrieron que las participaciones que habían comprado en el quiosco del barrio no estaban respaldadas por décimos reales, tal y como ha sucedido en el pueblo leonés, aunque en su caso se trata del Gordo del Sorteo de Navidad, que tiene todavía mucha más repercusión.
Por aquel entonces, al menos siete vecinos se organizaron para denunciar conjuntamente al quiosquero en la comisaría de El Natahoyo. Habían adquirido en el quiosco ocho participaciones a 3,5 euros cada una (tres euros jugados y 50 céntimos de recargo). Con el número premiado, cada participación habría supuesto un premio importante, hasta sumar un total que los afectados situaban en torno a 240.000 euros. Eso sí, lejos de la magnitud del problema de Villamanín, donde hay cincuenta papeletas afectadas y un montante total que falta de 4 millones de euros del premio.
Los testimonios de los vecinos reflejan el golpe emocional: algunos habían brindado el sábado tras enterarse del premio y al día siguiente ya hablaban de “engaño” y de una ilusión truncada. Una de las afectadas explicaba que el sábado, tras conocerse el resultado, el quiosquero se marchó llorando del local, algo que en un primer momento atribuyeron a que “no se había quedado con ninguna participación”. Lo que vino después fue lo que encendió todas las alarmas: el quiosco abrió poco el domingo, el lunes permaneció prácticamente cerrado y las explicaciones del responsable fueron cambiando con el paso de las horas. Aquí se produce una diferencia respecto a Villamanín, donde la comisión de festejos que vendió la lotería de Navidad citó a los afectados para dar la cara y ofrecer explicaciones.
La versión del quiosquero
La versión del quiosquero también quedó recogida: aseguró estar “destrozado”, pidió perdón y defendió que no pretendía estafar, sino que todo se debió a un “error”. Según su relato, él había comprado tres décimos del número premiado y los había vendido, pero las participaciones que circularon en el barrio —ocho, según el recuento de los afectados— se habrían hecho sin su conocimiento. “Mi novia hizo papeletas sin que yo me enterase”, sostuvo, atribuyendo lo ocurrido a una descoordinación entre ambos. Diferente "error" es el alegado por la comisión de festejos de Villamanín, que sí validó catorce tacos de la lotería vendida comprando los décimos que la respaldaban, pero, según su versión, quedó uno traspapelado, el que ahora, una vez que ha tocado el Gordo, se ha descubierto que es papel mojado.
Volviendo al barrio gijonés de Portuarios, los afectados, sin embargo, insistían en que la situación fue gestionada con evasivas y que, cuando el quiosquero admitió que no existían los décimos que respaldaran las participaciones, trató de frenar la denuncia con una oferta: 5.000 euros para cada uno a cambio de no acudir a la Policía. Según ese relato, el punto de inflexión llegó cuando el quiosquero acudió con abogado a la asociación vecinal y finalmente se avisó a las patrullas, que recomendaron formalizar una denuncia conjunta. En el barrio, además, empezó a circular el temor de que pudieran aparecer más afectados que aún no se hubieran enterado.
El número que desencadenó todo fue el 69.345, repartido en la zona oeste de Gijón y vinculado a una administración de La Calzada (avenida de la Argentina). En el barrio no todo el mundo quedó atrapado por la estafa: hubo quienes compraron décimos y sí tenían su premio asegurado, como una tendera de la zona que contó que ella conservaba el décimo en su poder. Esa diferencia entre “décimo” y “participación” se convirtió en el gran símbolo del caso: lo que se vendía como opción más barata terminó siendo, para varios vecinos, el origen del problema.
El caso acabó en los tribunales y, años después, llegó el desenlace con acuerdo judicial: una condena pactada entre la Fiscalía y la defensa. El quiosquero fue condenado a 500 euros de indemnización a cada uno de los siete afectados por las expectativas generadas y a 180 euros de multa. Además, debía devolver el importe de las participaciones (los 3,5 euros por boleto, con su recargo incluido), poniendo fin al litigio por lo ocurrido en aquel diciembre de 2012. En ningún caso, la indemnización se equiparó al premio que le hubiera tocado a cada portador de las participaciones si estás hubieran sido válidas.
Aunque la pena quedó lejos de lo que muchos imaginaron cuando se habló por primera vez de una “estafa” de gran cuantía, el episodio dejó una huella duradera en Portuarios: la desconfianza tras años de comprar lotería en el mismo sitio, la sensación de vergüenza y tensión vecinal y la certeza de que, en lotería, la diferencia entre una participación y un décimo puede dar lugar a conflictos. Y en Villamanín están dando buena cuenta de ello.
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