Gijón libera 15,6 millones destinados a pagar deuda para ampliar la inversión

El Ayuntamiento de Gijón ha optado por rebajar de 21,6 a 6 los millones del superávit con que cerró sus cuentas de 2024 que va a dedicar, por ahora, a amortización de deuda abriendo así la puerta a usar el resto, unos 15,6 millones, a ampliar sus partidas de inversión. Esas son las cifras fundamentales de la operación que el equipo de la concejalía de Hacienda, que dirige la edil forista María Mitre, ha diseñado a partir del decreto-ley de 2 de diciembre que permitió a las administraciones municipales poder destinar su superávit a inversión.

Algo imposible hasta ese momento ya que la ley de estabilidad presupuestaria obligaba a dedicar a pagar los préstamos el total del superávit. De hecho, la publicación en el BOE del acuerdo del Consejo de Ministros –refrendado días después por el Congreso de los Diputados–llegó al Ayuntamiento de Gijón con el cheque para pagar esos 21,6 millones a los bancos ya preparado. Una maniobra que se paró en seco. También llegó después de que el Pleno hubiera aprobado el presupuesto de 2026 que, solo para el Ayuntamiento, es de 309,9 millones de los que 34,5 van al capítulo de inversiones reales.

Decidida qué cuantía de ese superávit se dedicará a deuda, el equipo de la concejalía de Hacienda tiene ahora en estudio el destino de esos 15,6 millones. No es fácil. Para empezar el decreto ley limita su uso a las denominadas inversiones financieramente sostenibles (IFS), que se entienden como aquellas inversiones que en el largo plazo tengan un impacto positivo sobre las finanzas de la administración pública y que sean económicamente sostenibles a lo largo de su vida útil, que debe ser igual o superior a cinco años.

También hay que tener en cuenta que su final tiene que ser en el ejercicio 2027. Así que cualquier gasto vinculado a una de esas inversiones debe estar, al menos, en fase de autorización el 31 de diciembre de 2026 y las obligaciones reconocidas, a más tardar el 31 de diciembre de 2027. A todo ello se suma la preocupación sobre el efecto en el cumplimiento de las reglas fiscales. "Es importantísimo no pasarse y por eso en la concejalía están encerradas estudiándolo todo. Hay muchos números que cuadrar", explicó la Alcaldesa, Carmen Moriyón, en su reciente entrevista en LA NUEVA ESPAÑA.

Para servicios esenciales a ejecutar antes de 2027

Desde el Ministerio de Hacienda se ha indicado que las inversiones financieramente sostenibles no se considerarán gastos computables a efectos de aplicación de la regla de gasto, pero sí tienen impacto en cuanto reducen la capacidad de financiación y obligan al ayuntamiento a no incurrir en déficit al final de los ejercicios 2025, 2026 y 2027. Si se incumplen esos requisitos y la inversión financieramente sostenible acaba perdiendo esa condición pasará a computar para la regla de gasto.

Las entidades locales pueden destinar ese tipo de inversiones a la prestación de servicios esenciales, como alcantarillado, abastecimiento de agua, recogida de residuos o alumbrado público. También a infraestructuras de transporte, centros docentes, asistencia social primaria, vivienda, recursos hidráulicos o sociedad de la información, entre otros ámbitos. En principio están excluidas las inversiones en vehículos salvo que se destinen a servicios de recogida de basura, orden público, extinción de incendios o transporte de viajeros. Y hay una serie de materias que requieren autorización previa de la Dirección General de Estabilidad Presupuestaria y Gestión Financiera Territorial.

Toda esta reordenación sobre el uso del superávit llega después de otra operación igual de compleja, y llena de polémica por el rechazo de la oposición municipal, donde se recurrió a transferir dinero de empresas municipales y organismos autónomos a las arcas del Ayuntamiento para repartir entre todos la carga de dedicar a deuda esos 21,6 millones. Se buscaba no dejar a cero las posibilidades de uso del remanente municipal. Así, se habían dispuesto 12,6 millones del Ayuntamiento, 2,6 millones de la Empresa Municipal de Aguas (EMA), otros 1,6 millones de Emulsa, 4 millones de la Fundación de Servicios Sociales, 412.800 de la Fundación de Cultura y 338.700 del Patronato Deportivo.

Suscríbete para seguir leyendo