Ayudas municipales y un plan de acción: las exigencias de IU para la retirada de amianto en edificios de Gijón

El desarrollo de un mapa interactivo donde se ubican cubiertas sospechosas de tener amianto en edificaciones de la ciudad y un plan de las concejalías de Medio Ambiente e Infraestructuras para retirar este año el amianto de varios lavaderos y edificaciones municipales de la zona rural son, por ahora, los dos pasos dados por el Ayuntamiento para cumplir con la obligación legal de retirar un material peligroso que se ha convertido en un problema de salud pública. Para IU no es suficiente y más teniendo en cuenta la magnitud del problema, que afecta a miles de propietarios particulares de Gijón. Por eso lleva al Pleno una iniciativa para desarrollar todo un plan de acción que garantice la eliminación del amianto de las edificaciones gijonesas, tanto las residenciales como las de uso industrial o agrario.

El uso del amianto quedó prohibido en 2002. De antes de esa fecha son el 75% de las cerca de 150.000 viviendas que hay en Gijón. Y de entre 1950 y 1979 –fechas cuando el uso de ese material estaba generalizado en la construcción–el 42,5% del parque de vivienda local. A esas cifras locales hay que sumar otra: en España se calcula que el 70% de las construcciones con amianto están en el final de su vida útil, que es cuando las fibrillas de desprenden y son peligrosas. Datos que el portavoz de IU, Javier Suárez Llana, utiliza en la exposición de motivos de su propuesta plenaria.

Según el riesgo

"El plan presentado por el Ayuntamiento se circunscribe al ámbito de lo público pero no se ha establecido un procedimiento para la retirada en instalaciones y emplazamientos privados", explica Suárez Llana. Para conseguirlo, IU propone al Pleno un acuerdo de tres puntos que parte de que el Ayuntamiento, usando como base el censo ya publicitado en el mapa interactivo, elabore un calendario que marque las fases de retirada del amianto en las edificaciones privadas afectadas. Un calendario a varios años pero donde se priorizaría actuar en los puntos con mayores riesgos para la población.

Junto al calendario la propuesta de IU habla de una campaña que informe a los propietarios de esa obligación y de diseñar un programa de ayudas a propietarios de viviendas y pequeñas y medianas empresas ante el coste de las operaciones de retirada de amianto que solo pueden ser ejecutadas por empresas especializadas. "Hay administraciones que han puesto en marcha este tipo de ayudas. Comunidades autónomas como Cataluña o Castilla y León y ayuntamientos como el de Madrid", indicó el portavoz de IU recordando que en Asturias las únicas ayudas que existen para este tipo de acciones están vinculadas a ayudas a la rehabilitación. No hay nada específico para quienes quieran solo retirar el amianto.

La idea que IU tiene para esa línea de ayudas es que se dirija fundamentalmente a viviendas y pequeñas y medianas empresas estableciendo para su concesión requisitos tanto de riesgo por exposición como de renta.

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