El PSOE de Gijón critica la entrada en funcionamiento de las cámaras de la zona rural: "No tuvieron autorización hasta el 3 de diciembre"
"Es un hecho muy grave; esas grabaciones son ilegales", remarca Marina Pineda
Una de las cámaras de videovigilancia. / Juan Plaza
El PSOE de Gijón, a través de su concejala Marina Pineda, volvió a criticar este lunes a la edil forista de Seguridad Ciudadana, Nuria Bravo, por "mentir" sobre la entrada en funcionamiento de las cámaras de vigilancia de la zona rural. "En marzo de 2025 dijo que las cámaras ya estaban instaladas y en funcionamiento, pero no tuvieron autorización hasta el 3 de diciembre", afirmó Pineda, quien remarcó que "la puesta en funcionamiento sin autorización es un hecho muy grave porque las grabaciones son ilegales".
La edil Marina Pineda, esta mañana. / N. M. R.
Marina Pineda aseguró que el Grupo Socialista ha tenido acceso a un expediente municipal que "corrobora que Foro mintió durante todo el proceso de contratación". A raíz de la oleada de robos que se produjo en los últimos meses de 2025, desde el PSOE preguntaron al gobierno local por el funcionamiento de las cámaras de vigilancia en la zona rural. "En ese momento teníamos la sospecha de que no estaban funcionando o de que no tenían autorización", indicó Pineda.
Tras acceder al expediente municipal, desde el PSOE han resaltado ahora que "las cámaras no entraron en funcionamiento en marzo, sino que lo hicieron en junio". Además, Pineda puso el foco en que "la autorización que debe emitir Delegación de Gobierno no se solicitó hasta el 16 de junio, por lo que la resolución no llegó hasta el 3 de diciembre".
Teniendo en cuenta estas fechas, el PSOE espera que desde la concejalía que lidera Nuria Bravo "den explicaciones" en la comisión programada para el próximo viernes.
Por el momento, desde la formación socialista consideran que la "puesta en funcionamiento de las cámaras sin autorización es un hecho muy grave". Por un lado, argumentan que "esto puede provocar la nulidad de las actuaciones que se hayan llevado a cabo para esclarecer los robos en base a esas grabaciones porque son ilegales".
Asimismo, inciden en que "esta gestión podría conllevar importantes responsabilidades para el Ayuntamiento, ya que puede entenderse como una intromisión ilegítima en la intimidad de las personas".
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