Un brutal caso de violación en Gijón: piden nueve años a un paquistaní por encerrar en una terraza a un hombre para violar a una discapacitada
La Fiscalía sostiene que el procesado aisló a un amigo de la chica
El acusado afirma que el chico salió de manera voluntaria y que las relaciones fueron consentidas
Un furgón de la Guardia Civil frente al Palacio de Justicia de Gijón. / Ángel González
Un terrible caso de agresión sexual que llegó esta mañana a juicio en la sección octava de la Audiencia Provincial de Gijón. La Fiscalía pide una condena de nueve años de prisión para un procesado por, presuntamente, agredir sexualmente con penetración a una mujer en un piso de Gijón. La agresión, explica el Ministerio Público, sucedió después de encerrar a un amigo de la víctima en la terraza de la vivienda para impedir que pudiera entrar a auxiliarla. Todo quedó visto para sentencia. La acusación particular eleva hasta los trece años y medio la petición de condena.
Siempre según el escrito del Ministerio Fiscal, los hechos ocurrieron el 23 de junio de 2022. La acusación pública sostiene que el procesado, de nacionalidad paquistaní y en situación irregular en España, invitó a la mujer y a un amigo de esta a su domicilio. Ya en la vivienda, sobre a las tres de la madrugada, el acusado habría llevado al acompañante a la terraza y lo habría dejado encerrado, sin posibilidad de volver a entrar. A continuación, se produjo la presunta violación. El encausado negó los hechos y mantuvo que las relaciones fueron consentidas.
El Ministerio Fiscal apunta en sus conclusiones provisionales que los gritos de la víctima fueron escuchados desde la terraza por su amigo, que no pudo acceder al interior para ayudarla. La mujer, añade la acusación, se encontraba en situación de especial vulnerabilidad y tiene reconocida una discapacidad.
La Fiscalía califica los hechos como un delito de agresión sexual con penetración. Además de la pena de prisión, interesa libertad vigilada durante siete años, así como la prohibición de aproximarse a la víctima, su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro que frecuente habitualmente a menos de 500 metros, y la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio, ambas durante diez años. También solicita inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio que implique contacto regular y directo con menores durante 15 años.
En cuanto a la situación administrativa del procesado, la Fiscalía pide que cumpla dos terceras partes de la pena privativa de libertad en territorio español y que el resto se sustituya por la expulsión del país, con prohibición de reentrada por un período de nueve años. Por responsabilidad civil, reclama que el acusado indemnice a la mujer con 20.000 euros, más los intereses legales correspondientes.
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