Tenían jornadas "extenuantes" y "no las dejaban ir solas al médico": condenados un empresario y su mujer por explotar en Gijón a limpiadoras inmigrantes

Un acusado de trata de seres humanos con fines de explotación laboral reconoció las acusaciones formuladas por la Fiscalía del Principado de Asturias y aceptó una condena total de ocho años de prisión por su papel al frente de una empresa dedicada a la limpieza y al cuidado de personas mayores y dependientes. La vista oral se celebró esta semana en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, con sede en Oviedo, y quedó vista para sentencia. La Fiscalía sostiene que el hombre se aprovechaba de la situación de mujeres, principalmente de origen sudamericano, para imponerles condiciones laborales muy por debajo de lo legal.

Según informó el Ministerio Fiscal, el procesado era el administrador único de la mercantil y dirigía un grupo que operaba a través de cuatro sucursales, entre ellas una en Gijón, además de otras en Valladolid, Salamanca y Santander. La Fiscalía describe que el acusado y las responsables de esas oficinas, conocedores de la precariedad y de los problemas personales de las trabajadoras —en muchos casos “sin documentación” o en situación irregular—, les ofrecían empleo con “sueldos por debajo de lo estipulado por convenio”, “largas jornadas” y, en ocasiones, “extenuantes”, a menudo sin contrato y sin alta en la Seguridad Social. En ese esquema, añade el Ministerio Fiscal, el acusado era quien “tomaba en última instancia las decisiones”, daba instrucciones y supervisaba el funcionamiento de todas las sucursales, desplazándose de forma periódica para entrevistarse con potenciales empleadas y efectuar pagos “mayoritariamente” en mano y en efectivo.

El relato de Fiscalía contrapone, además, lo que figuraba en los contratos con los clientes y la realidad que soportaban las trabajadoras. En los documentos se recogían descansos, vacaciones y el compromiso de abonar la Seguridad Social, así como un descanso diario de dos horas. Sin embargo, el relato fiscal subraya que, en la práctica, las víctimas eran presionadas para trabajar también festivos por 50 euros al día, cantidad que en algunos casos se reducía a 40, con el aviso de que si no aceptaban se les descontaría del sueldo. El control se extendía, según la Fiscalía, a situaciones de enfermedad: se las conminaba a trabajar aun estando enfermas y, si no lo hacían, se les reducía el salario de forma proporcional. También se indica que “no las dejaban acudir solas al médico”.

La Fiscalía sostiene que las trabajadoras aceptaban esas condiciones por su vulnerabilidad administrativa y económica y por la promesa del principal acusado de que podría regularizar su situación si eran “buenas trabajadoras” y permanecían en la empresa un periodo que solía ser de al menos dos años. En el segundo escalón del grupo situaba a la otra acusada, pareja sentimental del administrador y responsable de la sucursal de Valladolid, a la que atribuye el control de cuentas bancarias y la transmisión de instrucciones al resto de oficinas —incluida la de Gijón— “dando cuenta de todo” al jefe. La Fiscalía también describe el papel de otras acusadas en la gestión de cuentas, contratación de mujeres en situación irregular y organización interna en distintas sucursales.

El análisis patrimonial incorporado por la Fiscalía refleja que, entre el 1 de septiembre de 2022 y el 13 de junio de 2023, el grupo ingresó 776.048,82 euros entre efectivo y transferencias, con reintegros en efectivo de 503.520 euros. El principal acusado, añade el comunicado, solo presentó declaración del IRPF en el ejercicio de 2022. Además, se menciona un episodio concreto vinculado a dos hermanas acusadas de favorecer la inmigración ilegal por traer desde Honduras a una mujer —testigo protegido— para el cuidado de dos personas mayores y tareas domésticas “con condiciones laborales precarias y sin alta en la Seguridad Social”. La Fiscalía indica que esa mujer padece problemas de salud derivados de los hechos y está en tratamiento.

En cuanto a las penas, el acusado admitió ser autor de un delito de trata (artículo 177 bis), en concurso con un delito contra los derechos de los trabajadores, además de grupo criminal y blanqueo de capitales, y aceptó condenas que suman ocho años. Entre otras medidas, la Fiscalía recoge la prohibición de aproximación y comunicación con la testigo protegida durante ocho años, la libertad vigilada durante seis, una multa y la obligación de indemnizar tanto a la Tesorería de la Seguridad Social con las cuotas que se acrediten en ejecución de sentencia como a la testigo protegida con 5.000 euros. El acusado permanece en prisión provisional por esta causa desde el 26 de enero de 2024. Su pareja aceptó una condena de un año y seis meses por grupo criminal. Para otras cinco acusadas, la Fiscalía mantiene solicitudes de penas que oscilan entre seis meses y tres años y medio de prisión, por pertenencia a grupo criminal, favorecimiento de la inmigración ilegal y, en un caso, blanqueo.

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