Impulsar una moratoria contra las baterías en Gijón: el Ayuntamiento busca cómo hacerlo
Martínez Salvador liga la medida a encontrar una "forma jurídica" que permita modificar el Plan General de Ordenación "sin incumplir la normativa vigente"

Un momento de la reunión, celebrada ayer en el Ayuntamiento, presidida por la Alcaldesa. | MARCOS LEÓN
"Entendemos perfectamente a los vecinos y su posición y estamos de acuerdo plenamente en sus razones". Así se manifestaba ayer Jesús Martínez Salvador, portavoz del gobierno local, tras una reunión con representantes vecinales para abordar posible instalación de parques de baterías en Gijón. El forista fue tajante. "La intención es poner en marcha la moratoria solicitada", señaló. Ahora bien, desde el Ayuntamiento quieren cerciorarse de su viabilidad. "Resulta fundamental encontrar una forma jurídica que permita que la modificación del Plan General de Ordenación (PGO) no implique incumplir la normativa vigente", sostuvo Martínez Salvador.
Al encuentro, que contó con la Alcaldesa, Carmen Moriyón, acudieron los líderes vecinales de Tremañes. La reunión llegaba días después de que el Principado autorizara la construcción de una decena de grandes almacenes de electricidad mediante baterías en Asturias. Dos se plantean para Lloreda, en el polígono de la Juvería, lo que ha sembrado la "intranquilidad" en el barrio, como apuntó José Manuel Álvarez, presidente de la asociación "Evaristo Valle". Álvarez incidió en que este tipo de industria es aún muy "desconocida" y alertó de su "peligrosidad". El líder vecinal recalcó que, en caso de que estas plantan lleguen a la ciudad, no deben estar "pegadas a las casas". También agradeció la disposición del Consistorio para ir en consonancia con estas reivindicaciones. "La voluntad es buena", aseguró.
Jesús Martínez Salvador afirmó que se ha abierto "un proceso de estudio de la mano de los técnicos de Urbanismo" en aras de hallar esa vía jurídica que sustente un cambio en el PGO, una de las peticiones que pone en liza el movimiento vecinal. El Principado ya acordó hace meses la suspensión temporal de licencias en suelo no urbanizable, con la excepción de los suelos no urbanizables en los que se estén desarrollando actividades mineras, industriales o energéticas o en los que se hubieran desarrollado ese tipo de actividades y actualmente están en situación de desuso, abandono o degradación. Estará en vigor hasta la aprobación de las futuras directrices sectoriales.
José Luis Fernández, presidente de la asociación La Bareza-Lloreda, pidió a Ayuntamiento y Principado "protección" para los vecinos. La consigna es clara en el seno vecinal. No están en contra de la llegada de estas plantas de baterías, pero sí de que se ubiquen cerca de viviendas o zonas habitadas. "Queremos que estén lo más separadas posible", ratificó Constantino Alas, presidente de la asociación San Juan Bautista. "Entendemos que es una industria en auge y no nos oponemos a ella, pero no sabemos cómo funcionará", explicó.
"Lo más separadas posible", reclaman las parroquias
En febrero de 2025, tras anunciar la moratoria de licencias, Jesús Martínez Salvador aseveró, sobre la cuestión de modificar el PGO, que era "una temeridad jurídica" fijar una distancia de cien metros con las viviendas, recordando que haber puesto esa condición para ubicar gasolineras conllevó una sentencia judicial que obligaba a eliminar la medida. "Es un tema desconocido y el panorama no es halagüeño", declaró José Luis Rodríguez Peón, responsable de Medio Ambiente de la Federación de Asociaciones Vecinales (FAV), que insistió en que el conjunto vecinal seguirá "presionando" y abogó por preservar "la salud de las personas". La junta directiva de la FAV mantuvo también ayer una reunión, como hace el primer lunes de cada mes, para abordar aspectos de actualidad. Sobre las baterías, la entidad se alineó con las reivindicaciones de Tremañes e instó a "preocuparse" por los vecinos, como indicó su vicepresidenta, María José Cuervo.
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