La declaración de bienes de los concejales de Gijón genera un nuevo conflicto: el gobierno demora su aplicación a 2027 y la oposición quiere que se ejecute ya

La decisión de demorar su aplicación al próximo mandato, el que comenzará a mediados de 2027 para prolongarse hasta 2031, ha sido la razón fundamental de que el gobierno local se quedara solo en la pasada comisión de reglamentos defendiendo los nuevos modelos de declaración de registros de intereses y causas de incompatibilidad que deben presentar tanto los concejales como los altos cargos del Ayuntamiento. Votaron a favor los representantes de Foro, PP y el edil no adscrito, en contra IU y Podemos y se abstuvieron con reserva a Pleno los representantes de PSOE y Vox. A este cambio reglamentario le toca pasar el filtro de la aprobación del Pleno.

Los nuevos modelos a cumplimentar, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, entran más al detalle en la información que hasta ahora se exigía a munícipes y altos cargos. Por ejemplo, obligando a especificar también las retribuciones que se tengan por actividades políticas y en cargos institucionales y detallando las condiciones de los bienes con un valor superior a los 12.000 euros. Concejales y directivos tienen que indicar cualquier actividad, y de cualquier tipo, que les genere ingresos. Eso sí, en el modelo aprobado solo se les pide que indiquen esa actividad y si reciben, o no, retribuciones por ella. No se les pide cuantificar los ingresos que suman por ellas.

El asunto de los ingresos por cargos dentro de de sus partidos generó hace unos meses una gran bronca política en el Ayuntamiento al denunciar el PSOE que Carmen Moriyón ocultaba sus retribuciones como presidenta de Foro. Retribuciones de las que Moriyón dio cuenta durante el juicio contra Francisco Álvarez-Cascos. Y retribuciones que, se defendió desde Foro, iban en su declaración de la renta y por tanto estaban en la Secretaría General. Otra cosa es que no fueran públicas a través de la web municipal, donde si se cuelgan las declaraciones de bienes que los concejales entregan al tomar posesión de su cargo. Y al abandonarlo. No es pública la información de su declaración de la renta.

A esa denuncia, a las vías de ingresos de la Alcaldesa y a la demora de la aplicación del cambio de modelos hacía referencia la portavoz socialista, Carmen Eva Pérez, al final de la comisión. Sobre la regidora explicó Pérez que "compatibilizando su labor de alcaldesa con el ejercicio privado de la medicina en su declaración de actividades no figuraba el nombre de las empresas con las que existe vinculación profesional. Esta falta de declaración impide a la ciudadanía conocer para quien presta servicios y sí en alguno de los asuntos que se deciden en la actividad municipal podría existir un conflicto de intereses o causa de incompatibilidad".

La "broma" de modificar una norma para incumplirla

Desde el PSOE se está de acuerdo con el modelo pero se exige su aplicación inmediata. Sin esperar al siguiente mandato. Esa fue la razón de su abstención: "no entiende ahora el Grupo Socialista que interés puede haber en dilatar aún más el cumplimiento de una obligación legal que priva a la ciudadanía de una información a la que tiene derecho".

"Nos parece una broma modificar una norma de transparencia porque según la Secretaria General llevamos desde 2013 incumpliendo la normativa estatal, y que los concejales de esta Corporación vayamos a seguir incumpliéndola porque el gobierno decide que no entre en vigor ahora sino el próximo mandato", denunciaba el portavoz de IU, Javier Suárez Llana, tras votar no en la comisión. El edil sentenció que "nosotros no tenemos nada que esconder a la ciudadanía, ni sobre nuestras actividades públicas y privadas ni sobre nuestro patrimonio. Y el cumplimiento de la ley no se transfiere a otra Corporación, la actual también tenemos que cumplirla".

También votó no Olaya Suárez en nombre de Podemos. Un no en base a que "no se incluyen dos aspectos que reclamamos: que en la declaración se tengan que especificar las cantidades percibidas por actividades económicas ajenas al Ayuntamiento y que el nuevo modelo entre en vigor en este mismo mandato, y no esperar para el siguiente". Suárez buscará vía enmienda al acuerdo plenario incorporar esos cambios ya que "no hay razón para no mejorar la transparencia de la institución ante la ciudadanía".

Al margen de otros cambios que puedan pedir los grupos políticos, el documento dictaminado en la comisión de reglamentos se reajustará antes de llegar al Pleno al detectarse que no se había incorporado espacio para determinar en que condiciones se tienen los bienes inmuebles que se declaren.

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