La izquierda y los vecinos reivindican intervenir en el mercado de vivienda de La Arena y Cimavilla: "Algo hay que hacer, la situación es insostenible"

El contundente rechazo que, vía alegación formal, ha mostrado el gobierno municipal de Foro y PP a la intención del Principado de declarar Cimavilla y La Arena como zonas residenciales tensionadas ha sido duramente cuestionado tanto por los tres partidos de la izquierda en el Ayuntamiento como por la representación vecinal de ambos barrios, que más allá de pugnas políticas reivindican medidas que permitan solventar el problema de acceso a la vivienda que se vive en sus territorios con precios cada vez más altos tanto en compraventa como en alquiler. "La situación es insostenible", explican los vecinos.

"Aplicar el mantra de que el mercado se regula solo significa dejar tirados a los vecinos que no pueden acceder a una vivienda o tienen dificultades para mantener la que tienen. Foro y PP defienden la vivienda como negocio y no como derecho", denunció el portavoz de IU, Javier Suárez Llana, para quien los argumentos en contra de la declaración esgrimidos en sus informes tanto por la concejalía de Urbanismo como por la Empresa Municipal de la Vivienda –la primera bajo la dirección política de Foro y la segunda del PP– "no se sostienen, no llegan siquiera al nivel de un comentario de texto escolar".

No es baladí la reflexión de Suárez Llana como portavoz de la organización política a la que pertenece Ovidio Zapico, quien impulsa esas declaraciones como consejero de Vivienda.

"Van en contra del deseo expreso de los vecinos de Cimavilla y La Arena y tratan el asunto como un arma de oposición política en lugar de analizar la medida desde un punto de vista técnico", denunció por su parte el socialista Tino Vaquero. El edil defendió la idoneidad de las medidas que conlleva la declaración, sobre todo en cuanto a la limitación de los precios de los alquileres, poniendo ejemplos de Navarra, Cataluña o el País Vascos, donde se consiguieron bajadas de entre un 5 y un 10%. Vaquero criticó, además, que el gobierno gijonés rechace la actuación del Principado sin ofrecer nada a cambio: "en tres años no se ha promovido ni una sola vivienda a instancias del Ayuntamiento".

"Realmente indignada" con la posición del gobierno local se declaró la portavoz de Podemos, Olaya Suárez, quien fue precisamente la que abrió el camino a esas declaraciones con una iniciativa en el Pleno en noviembre de 2023 que salió adelante por la abstención de Foro y PP. En marzo de 2025 los socios de gobierno tramitaron otra proposición plenaria en contra de esas declaraciones. "Y ahora dicen que falta lealtad institucional", ironizó Suárez en referencia a una de las alegaciones municipales contra el Principado.

Alarmismo de sesgo ideológico

También alega el Ayuntamiento que la declaración de zonas tensionadas puede generar un efecto de subida de precios, freno a las rehabilitaciones y trasvase de alquileres de larga duración a alquileres temporales o turísticos en los dos barrios. "Un intento de alarmismo que no tiene que ver con la realidad sino con su sesgo ideológico. Dan la espalda a la ciudadanía", concretó Suárez, que vuelve a llevar la cuestión al Pleno de este mes.

Desde la asociación vecinal "Gigia" de Cimavilla, su presidente Sergio Álvarez tiene claro que toca actuar "cuando los vecinos tienen que irse del barrio víctimas de la especulación, hay edificios enteros convertidos en apartamentos vacacionales y por un piso de dos habitaciones y no más de 60 metros cuadrados pagas como mínimo 800 euros. Es insostenible". En ese algo que hacer la opción como zona tensionada de que se limiten precios y el numero de viviendas turísticas es importante para los vecinos. " Si el Ayuntamiento de Gijón ve otras alternativas para paliar está situación que las exponga. No conocemos su alternativa", replica Álvarez.

"Aquí es imposible alquilar, y menos comprar"

Desde La Arena, la presidenta vecinal María José Cuervo también tiene claro que "algo habrá que hacer ya que para una familia trabajadora o para unos jóvenes es imposible alquilar aquí y menos comprar. En los dos últimos años los precios de compra en el barrio han subido un 36% y los alquileres un 21%". Cuervo considera que desde el Ayuntamiento "no han estado muy acertados al hablar de deslealtad institucional o posibles problemas jurídicos, así como que se retirarían del mercado de alquiler los pocos pisos existentes para alquilar".

El Principado mantiene la corrección de sus estudios –cuyos datos pone en duda el Ayuntamiento–y el cumplimiento de las condiciones tanto de La Arena como de Cimavilla para ser declarados barrios tensionados. Tras el proceso de alegaciones al diagnóstico previo, el plan de la consejería de Vivienda pasa por abrir un periodo de audiencia con el ayuntamiento de Gijón y el resto de los ayuntamientos implicados para consensuar las medidas correctoras a aplicar en cada caso.

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