El Principado se reafirma contra de la escultura de los "Héroes del Simancas": "La intención es eliminar ese símbolo"

La consejería de Ordenación del Territorio, Vivienda y Derechos Ciudadanos, de la que depende el área de Memoria Democrática, se mantiene firme en su compromiso político de trabajar para que el denominado monumento a los "Héroes del Simanca"s sea retirado de la fachada que ocupa en el colegio de la Inmaculada. Un compromiso que refrendaba hoy a su paso por Gijón la viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González Prieto, y que llega después de que la Compañía de Jesús, propietaria del inmueble, planteara vía alegación que la consejería desistiera de dar pasos para la retirada de la escultura y apostara por un proceso consensuado de resignificación.

"Ya lo dijo el consejero (por Ovidio Zapico) dentro de los procedimientos administrativos y hasta donde nos permita la ley la intención es eliminar ese símbolo", concretó la viceconsejera, que no quiso entrar en valoraciones concretas sobre la petición de los Jesuitas. Sí matizó González que la ley de Memoria Democrática de Asturias plantea permutar la eliminación por una resignificación cuando esté protegida como bien de interés cultural. No es el caso del Simancas.

"A preguntas de Vox el Consejo de Patrimonio Cultural de Asturias ya dijo que no era un BIC y no tenía protección como tal", recordó la viceconsejera. El gobierno municipal de Gijón, conformado por Foro y PP, mantiene que la protección que tiene la obra dentro del Catálogo Urbanístico municipal es suficiente para impedir su retirada. El Principado no lo ve así.

"No se trata de ir allí con una piqueta"

"Al no ser un BIC se puede quitar ese elemento de la fachada. Esto no se trata de que se destruya, la idea no es ir allí con una piqueta, se trata de retirarlo de esa fachada y colocarlo en otro sitio. Algo que tendrá que valorar una comisión de expertos", indicó la viceconsejera de Derechos Ciudadanos.

También ha planteado alegaciones –en este caso pidiendo la eliminación de la obra de Manuel Álvarez-Lavidad–, la Federación Asturiana Memoria y Republica (Famyr), que aglutina a entidades memorialistas que llevan años reclamando la retirada de la obra como símbolo franquista y en cumplimientos de las leyes estatal y autónomica.

A partir de la recepción de las alegaciones, y en espera de que lleguen algunos informes específicos –por ejemplo a Patrimonio–la consejería tiene un plazo de tres meses para tomar una determinación. Si esa decisión es la retirada por considerar que es un elemento contrario a la memoria democrática fijará un plazo para que así lo haga la propiedad. La decisión es ejecutiva aunque abierta a presentar recurso.

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