Gijón abre al debate ciudadano toda la acción municipal: fases, plazos y gestión de los procesos participativos

No solo de lo que se conteste a los concejales en los consejos sociales o sectoriales vivirá la participación ciudadana en Gijón. Ni de los temas que sean motivo de consultas populares, estudios de opinión o turno de palabra en el salón de plenos. A escuchar la voz de la ciudadanía e involucrarla en la toma de decisiones que afectan a su ciudad se abren a partir de ahora todas las acciones municipales:desde el funcionamiento de un servicio al diseño de un proyecto o la elaboración de un plan. O ese es, por lo menos, el objetivo de los procesos participativos cuya regulación como procesos públicos dirigidos a promover el debate y el contraste de opiniones entre la ciudadanía y los responsables municipales es una de las novedades del reglamento de Participación Ciudadana.

Cierto es que en Gijón el verbo participar se lleva conjugando desde hace tiempo y este tipo de procesos no le son ajenos –solo hay que pensar en el que se acaba de abrir este mismo lunes sobre el diseño de Naval Azul–pero su desarrollo no se había concretado en ninguna norma. Ahora lo está en este nuevo reglamento, a cuyo proyecto acaba de dar luz verde la Junta de Gobierno como paso previo a su presentación en la comisión de reglamentos para recibir las enmiendas de los partidos políticos de la Corporación. La actual regulación ya tiene 18 años y se ha quedado totalmente desfasada.

Un proceso repartido en cuatro fases

Una de las condiciones de los procesos participativos es que se organizan en una serie de fases perfectamente delimitadas: de información sobre el asunto motivo del proceso, de debate y presentación de las propuestas de la ciudadanía, de ejecución –si procede–, de esas propuestas, de devolución a los participantes del resultado de ese proceso y de evaluación y seguimiento para saber el grado de cumplimiento de lo acordado. El reglamento obliga a recoger todos los procesos participativos en una memoria que debe incorporarse al expediente administrativo del asunto.

¿Quién tiene la potestad de poner en marcha un proceso participativo? Oficialmente, la convocatoria corresponde a la Alcaldía (o el concejal o concejala en quien delegue) que lo puede hacer por iniciativa propia o a instancia de otros. En concreto de un mínimo del 10% de asociaciones inscritas en el registro de entidades ciudadanas, de los órganos de participación ya existentes o de cualquier persona que, bien en nombre propio o de una entidad, lo tramite a través de la fórmula de una iniciativa ciudadana.

Una vez convocado el proceso su desarrollo puede hacerse por varias vías, desde la organización de foros de discusión o talleres a la recogida telemática de opiniones o el debate por videoconferencia. El método es opcional siempre que se asegure "la libre expresión de las opiniones y permite la recopilación de las aportaciones a la materia". Lo que no se aceptaran nunca son procesos que busquen limitar derechos o libertades fundamentales recogidas en la Constitución. Y otra cosa a tener en cuenta es que el resultado final no afecta a "las facultades decisorias de los órganos de gobierno del Ayuntamiento".

La elección ciudadana de las inversiones

Hay fases determinadas y plazos que cumplir. En concreto el Ayuntamiento tiene un plazo máximo de tres meses desde la remisión del informe final para informar sobre la toma en consideración de "aquellas propuestas que puedan mejorar la cuestión y el motivo de su aceptación". Igualmente, debe justificar el motivo de las que rechace. Habrá una comisión que vele por la imparcialidad, transparencia y eficacia del proceso integrada por un número impar de personas –cinco mínimo– en representación del Ayuntamiento y de los solicitantes.

El reglamento impone como obligatorios estos proceso en las revisiones del Plan General de Ordenación y en las aprobaciones de planes estratégicos o planes de acción con un horizonte temporal de más de cuatro años. Singularidad propia dentro de estos procesos tienen los presupuestos participativos, que se presentan como gran ejemplo de democracia directa. Serán la vía para que la ciudadanía pueda decidir el destino de una parte de los recursos públicos a invertir en su territorio. El reglamento no fija la cuantía del presupuesto que decidirán los vecinos, ni las condiciones de los proyectos que pueden presentar, ni quienes podrán participar, ni tampoco su ámbito territorial o temporal. Eso debe quedar definido en cada una de las convocatorias de esos presupuestos participativos. Ahora mismo Gijón tiene establecido un sistema a través de los consejos de distrito para decidir el destino de parte del dinero de las inversiones que van a ese territorio. Hace unos años, si se hizo a modo de experiencia un proceso de presupuestos participativos abierto a toda la ciudadanía a través de una votación directa.

Suscríbete para seguir leyendo