De Somió a Carbainos: las ocho parcelas a las que afecta un plan municipal de retirada de amianto en la zona rural

La ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular fija a las administraciones la obligación de haber retirado antes de 2028 el amianto de edificaciones e instalaciones públicas con mayor riesgo. La concejalía de Medio Ambiente, que encabeza el popular Rodrigo Pintueles, acaba de dar un paso en ese camino sacando a contratación por cerca de 20.000 euros (IVA incluido) las obras de retirada de ese material peligroso para la salud pública en ocho parcelas municipales distribuidas por la zona rural.

En concreto en la Fuente La Marica (Somió), camino del Túnel (Somió), camino del Barreu (Cabueñes), camín de Riosecu (Deva), Lavadero de Elena (Pinzales), una parcela en Pico el Sol, en la Carretera del Infanzón y en Carbaínos (Frente a las antiguas escuelas). El trabajo, para el que se fija un periodo de ejecución de un mes, se concentra en la mayor parte de las parcelas en retirar placas rotas con trozos de uralita dispersos y enterrados en la vegetación. Hay tres operativas con mayor complicación: en el lavadero de Elena hay que retirar una parte de la cubierta y en las fincas ubicadas en el Pico el Sol y Carbaínos hay que desmontar pequeñas construcciones.

El Ayuntamiento empieza el trabajo de campo tras haber realizado un estudio que ha servido para presentar en forma de mapa la ubicación de las construcciones de la ciudad con sospecha de amianto en sus cubiertas y marcar en rojo las zonas prioritarias. Tanto de actuación pública como privada. Este censo tiene más de 6.500 referencias.

Apoyo municipal a los particulares

No hay una fecha tope para la retirada de amianto en las construcciones privadas. El Ayuntamiento, en base a un acuerdo plenario promovido por IU, se comprometió a fijar un calendario de retiradas en base a las situaciones de riesgo y a realizar campañas informativas. Incluso notificaciones personalizadas para los casos de mayor peligrosidad. Además, se buscará apoyar ese trabajo en inspecciones periódicas y reforzar la vigilancia de los edificios más antiguos para imponer la retirada del amianto donde el material pueda empezar a deteriorarse y condicionar la obtención de licencias a la retirada del amianto. En ese Pleno no se aprobó fijar una línea de ayudas municipales para particulares y empresas que quisieran ejecutar esos trabajos de retirada de amianto.

El uso del amianto quedó prohibido en 2002. De antes de esa fecha son el 75% de las cerca de 150.000 viviendas que hay en Gijón. Y de entre 1950 y 1979 –fechas cuando el uso de ese material estaba generalizado en la construcción–el 42,5% del parque de vivienda local. A esas cifras locales hay que sumar otra: en España se calcula que el 70% de las construcciones con amianto están en el final de su vida útil, que es cuando las fibrillas de desprenden y son peligrosas.

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