"La aplicación será inmediata", avisa el consejero de Vivienda sobre el control de los alquileres en Cimavilla y La Arena

"No cabe más que seguir adelante y empezar con su aplicación inmediata". Ese fue el mensaje del consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico (IU) tras dar cuenta esta mañana al Consejo de Gobierno del Principado de Asturias de la resolución que había firmado el pasado jueves decretando la declaración de Cimavilla y La Arena como zonas residenciales tensionadas. Los dos barrios gijoneses se suman así a las localidades de Llanes y Nueva, en el concejo de Llanes y de Arenas y Po, en Cabrales, declaradas el pasado 24 de abril. La previsión de la Consejería es que antes de que acabe el mes sean 12 las zonas tensionadas en Asturias.

Zapico da casi por hecho que el Ayuntamiento de Gijón llevará el asunto a los tribunales. Algo que ahora mismo están estudiando en el seno del gobierno local que comparten Foro y PP. Ambos partidos están en contra de la intervención del mercado desde las administraciones y desde servicios municipales controlados tanto por Foro como por PP se presentaron en su momento alegaciones ante la Consejería para frenar esas declaraciones poniendo en duda tanto los datos manejados en los informes de la Consejería como las conclusiones a las que daban pie. Alegaciones que no se han tenido en cuenta.

"Las políticas de transformación que este gobierno lleva a cabo tienen el rechazo de quien entiende la vivienda no como un derecho, como hacemos nosotros, sino que la entiende como un negocio" explicó el consejero en ese contexto. Zapico explicó que "recurrieron en su momento el decreto de viviendas de uso turístico los empresarios del sector y recurrirá posiblemente el Ayuntamiento de Gijón las zonas tensionadas pero estoy seguro de cómo hemos armado el expediente. Estamos en el marco de la ley estatal de Vivienda y nos hemos basado en datos sólidos y en el trabajo sólido de los funcionarios". El enfrentamiento entre Ayuntamiento de Gijón y Consejería que controla IU por las zonas tensionadas es uno más de los que marcan su relación desde hace meses. Dentro y fuera del ámbito de la vivienda.

Una declaración inicial por tres años

La resolución tiene un periodo temporal inicial de tres años pero la posibilidad de prorrogarse alguno más. Y con esa declaración, se explica desde la Consejería, se abre la puerta a "corregir disfunciones del mercado residencial, en especial, la contención de precios del alquiler, la movilización de vivienda vacía o infrautilizada y el refuerzo de iniciativas para favorecer el acceso a la vivienda habitual".

En concreto, a partir de esa declaración como zonas tensionadas se podrán limitar los precios de los nuevos contratos de alquiler, que quedarán vinculados al precio del último contrato (con los ajustes permitidos por la ley) y al índice de referencia del Ministerio de Vivienda. Límites que también afectarán a los contratos en viviendas que no hubieran estado arrendadas en los últimos cinco años.

Igual quedarán sujetas en Cimavilla y La Arena a medidas específicas las viviendas de los grandes tenedores, que en el caso de Asturias es una condición que tendrán las personas físicas o jurídicas que tengan en propiedad más de cinco inmuebles en la zona. Asturias rebaja así el criterio general que cifra el límite en diez.

La declaración tiene sus ventajas para los propietarios a través de incentivos fiscales. Desde una reducción general del 50% sobre rendimientos netos del alquiler, a una del 60% en algunos casos de rehabilitación, del 70% si se alquila a jóvenes y del 90% si se firma un nuevo contrato reduciendo al renta al menos un 5%.

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