"Las necesidades de las personas están por encima de cualquier escalera", dice uno de los vecinos que tuvo que vender su casa en Gijón por la negativa de Cultura a dar una licencia para instalar un ascensor

José Manuel Uría está "encantado" con que sus antiguos vecinos del número 24 de la calle Menéndez Valdés, un inmueble con protección integral según el Catálogo Urbanístico de Gijón, vayan a obtener después de siete años de espera una licencia para instalar ascensor en su edificio. Ese derecho a disponer de un elevador se lo acaba de reconocer el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Aunque para este vecino, uno de los que más peleó por esa instalación, la sentencia llega tarde y el ascensor ya poco beneficio va a aportarle.

Hace dos años que José Manuel Uría tuvo que vender su piso. Lo hizo "obligado", confiesa, porque su enfermedad de Parkinson avanzaba, su movilidad estaba cada vez más comprometida y vivir en un tercero sin ascensor le suponía todo un reto y muchas renuncias. Hasta le impedía reunirse en casa con su madre, de 90 años, porque también para ella era demasiado dificultoso.

Tras más de cinco años de papeleos y vueltas con la abogada, Victoria Couce, intentando obtener un permiso para la obra que le denegaba el Principado –concretamente la Comisión Permanente del Consejo de Patrimonio Cultural, amparándose en la protección integral del inmueble y el carácter singular de la rejería de la escalera– Uría perdió la esperanza y claudicó. Y bien que lo lamenta.

"Compré el piso hace más de 25 años y hace unos doce que me diagnosticaron párkinson. Veía que no llegaba el momento de poder tener un ascensor y me era imposible seguir esperando. Y eso que era un edificio maravilloso, por los vecinos, la ubicación tan céntrica, la casa... por todo", cuenta. Considera que sufrió una aplicación "deshumanizada y caprichosa" de las normas de conservación de edificios protegidos.

Su queja es contra el Principado, donde la licencia se bloqueó. Porque aunque con reticencias iniciales, en el Ayuntamiento acabaron por dar la aprobación a la obra tras presentar la comunidad el certificado de minusvalía reconocido de dos de los vecinos del inmueble y una alternativa de construcción avalada por un arquitecto que suponía solo "un leve recorte" de 30 centímetros de la escalera –así lo reflejan los jueces en su fallo-. Y que incluía el compromiso de recolocar la rejería.

"Fue un capricho de la Consejería. Una cerrazón. La negación sin más de unos funcionarios que supongo que ni se acercaron a ver el inmueble. Miraron el expediente sin un ápice de humanidad. Porque no puede ser que una escalera valga más que la posibilidad de que una persona viva su vida en plenitud. Hay mucha falta de ética y moral, además de dejadez en algunos funcionarios", reflexiona Uría, que alguna caída sufrió por subir y bajar con dificultad los peldaños. "Llegó un momento en que o vivía encerrado o me exponía a caerme. Aguanté lo que pude".

Uría entiende que la Administración cuide del patrimonio arquitectónico. Como el que se aprecia en su casa, un edificio construido en 1903, de estilo ecléctico con influencias del modernismo, en especial en las rejerías metálicas de forja de sus barrotes y de la barandilla de la escalera, según se explica en el Catálogo Urbanístico. Pero "todo debe hacerse con sentido común. Si alguien viera ese edificio no entendería tanto miramiento porque es bonito y merece ser cuidado, pero no a costa del bienestar de las personas que lo habitan. Me parece una deshumanización tan grande de las leyes, y una dejadez de los que tenían que valorar ese expediente... Las personas deberíamos estar por encima de una escalera".

El hijo de Charo, otro damnificado

Su opinión la comparte casi palabra por palabra Charo Fernández Llano. Ella aún vive en el edificio y uno de sus hijos era el otro gran damnificado por el bloqueo de la licencia de obra. "Hace unos años mi hijo enfermó y le afectó motóricamente. Quedó muy débil y no podía subir y bajar la escalera. Tuvimos que contratar a una persona que le ayudaba", recuerda. Fue entonces cuando en la comunidad retomaron una vieja idea que habían tenido muchos años antes, de solicitar la instalación de ascensor.

"Pensábamos que si en un inmueble de cuatro viviendas había problemas motóricos importantes en dos familias, eso se valoraría. Porque se habla mucho de la accesibilidad, pero hay que ponerla en práctica", reprocha. El proceso fue "larguísimo", así que el fallo judicial que les acaba de llegar lo ve "como una noticia agridulce". "Mi hijo ahora puede subir las escaleras, aunque con dificultades. Pero José Manuel tuvo que vender; él y su hermana fueron los que más lucharon, los que estuvieron más pendientes de cada papeleo. Es muy injusto lo que pasaron. La situación es irracional", recalca.

Insiste en que "nunca nos opusimos a que se hiciera la obra como ellos dijeran; y si el proyecto lo validó el Ayuntamiento y varios arquitectos, ¿por qué la Consejería lo paró? no tiene sentido", razona. A ella, además, se le abren las carnes cuando ve "esos recrecidos que son tremendos, y que cada vez se ven mas, en edificios catalogados. Parecen una barbaridad, están a la vista de todos, y lo nuestro que era meter un ascensor en el hueco de una escalera se paró durante años". A todos los que le han dicho que sus problemas se arreglarían vendiendo el piso, ella les contesta que "no es tan fácil. Es tu casa, la de tu familia, le tienes mucho cariño y tienes muchas otras preocupaciones importantes en la cabeza y no quieres meterte en más líos".

El mismo cariño le tenía a su casa José Manuel Uría y "la tuve que malvender; y ni hablar de comprar nada en la misma zona con los precios que hay ahora mismo". Por eso pide que alguien revise las normas "poniéndose en la piel del otro".

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