Un nuevo varapalo judicial contra las constructoras de la ampliación de Cabueñes ratifica una multa histórica de 2,6 millones de euros

La batalla legal por la obra de ampliación del Hospital de Cabueñes sigue respaldando al Principado. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha desestimado el recurso que la UTE implicada había presentado contra el Gobierno regional por la penalidad de 2,6 millones de euros que se le impuso por incumplir plazos. Las constructoras alegaban una vulneración del principio de proporcionalidad y aseguraban no haber estado sujetas a hitos parciales de ejecución, pero el Tribunal rechaza sus argumentos. La sentencia da por buena, así, la que fue la mayor sanción que se emite en Asturias por una obra pública. La misma sala, hace un par de meses, desestimó otro recurso de la UTE, en aquella ocasión, por el rechazo del Gobierno a paralizar la obra, y tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA.

El motivo de esta nueva sentencia fue un recurso presentado por las dos constructoras en contra de una resolución emitida por la Consejería de Salud a finales de 2024. En esa notificación, el Principado desestimaba las alegaciones que presentaba la UTE y reafirmaba una resolución anterior, de febrero, con el que se abría expediente para imponer la citada penalidad de 2.666.076 euros. La sanción se justificó en un incumplimiento parcial del contrato por no haberse ejecutado en tiempo y forma el primero de los hitos de ejecución.

La UTE esgrimía que esa penalidad se hizo oficial un mes antes de haberse acordado la rescisión del contrato de obra, que se anunció en enero de 2025, y que por lo tanto la sanción no tenía "efecto coercitivo alguno". Alegaba, también, que no había sido acreditado que el retraso de la obra se debiese a falta de experiencia de su personal y veía vulnerado el "principio de proporcionalidad" con la cuantía impuesta.

El Principado, por su parte, presentó ante el TSJA un argumentario similar al que ya se había recogido en el informe del Consejo Consultivo de Asturias, cuyas conclusiones fueron también favorables a la Consejería de Salud. Así, alegaba el Gobierno regional que el procedimiento de imposición de penalidades se inició en febrero de 2024, casi un año antes de que se decidiese resolver el contrato de ampliación, y que durante ese tiempo no hubo "cambio alguno en el comportamiento de la UTE". Señalaba también que el propio acuerdo contractual implicaba un calendario de trabajos con "plazos parciales" y pactados por ambas partes. En el caso del hito que fue motivo de multa, la fecha que se había fijado para su ejecución era el 15 de septiembre de 2023 y, según el Principado, esta fase de obra no estuvo lista hasta el 22 de noviembre de ese año.

Un programa de trabajos "consentido y firme"

El TSJA señala que en agosto de 2023 se aprobó una ampliación del plazo de ejecución de la obra completa, dejando su fecha límite para mayo del año pasado, y que con ese cambio se estableció "un nuevo programa de trabajo, consentido y firme". La UTE, además, solicitó dos veces parar la obra, primero de manera parcial en diciembre de 2023 y después por completo en abril de 2024, peticiones ambas desestimadas por el Principado. Las constructoras recurrieron judicialmente esta decisión y el TSJA, como ya adelantó LA NUEVA ESPAÑA, dio la razón al Principado en un fallo emitido el pasado 31 de marzo. Así, los plazos que se habían fijado previamente seguían siendo válidos cuando se impuso la penalización.

Respecto al importe de la sanción, señala el TSJA que el cálculo se hizo de acuerdo a la ley, con 39.207 euros por cada día de retraso, y meses antes de que el Principado acordase resolver el contrato de ampliación en su totalidad. Esa anulación ha sido también recurrida por la UTE y al respecto tendrá que manifestarse de nuevo el TSJA.

Las constructoras siempre defendieron que el proyecto para ampliar Cabueñes era defectuoso y culpaba al Principado de los retrasos. El TSJA señala ahora que cualquier "problemática" de diseño quedó "resuelta" cuando ambas partes acordaron un programa de trabajos más allá de "ajustes" que "son propios de cualquier obra". El recurso de la UTE contra la sanción, por lo tanto, se desestima, si bien cabe interponer recurso de casación, y la UTE debe asumir las costas procesales. Mientras, se avanza en el diseño de un nuevo proyecto de ampliación para reactivar las obras a inicios del próximo año.

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