La pugna legal por la ampliación de Cabueñes refrenda al Principado y despeja la reactivación del proyecto

La pugna legal por la ampliación del Hospital Universitario de Cabueñes cuenta con dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) y ambas son favorables al Principado. La sala considera acreditado que la Consejería de Salud actuó correctamente al rechazar la petición de las empresas de parar la obra por supuestos errores del proyecto y al imponerle a las constructoras la que ha sido la mayor penalización de la historia en Asturias a una obra pública: 2,6 millones de euros. La argumentación de los dos fallos, ambos adelantados por LA NUEVA ESPAÑA, es similar y da por buenas las conclusiones del informe que emitió el año pasado el Consejo Consultivo de Asturias, en el que se respaldaba todas las decisiones del Ejecutivo regional. Falta una tercera sentencia, que dictaminará si la resolución del contrato por causas atribuibles a la UTE fue correcta, pero la postura del TSJA parece ya diluir el temor que arreció al iniciarse la batalla legal: que las constructoras pudiesen solicitar la suspensión del nuevo proyecto de obra y los plazos volviesen a retrasarse. El propio Principado señala que los trabajos, ya con un proyecto nuevo, comenzarán a inicios de año.

Las posturas de las constructoras FCC y Los Álamos y del Principado eran muy dispares. De hecho, cuando el Principado anunció en enero de 2025 que resolvía el acuerdo contractual entre las partes lo hizo achacando el motivo de la ruptura a la UTE, lo que implicó que ésta no pudiese ser compensada económicamente por esa pérdida de negocio. Para entonces, las empresas ya habían iniciado su andadura en los tribunales con la presentación de contenciosos que se agruparon en las dos causas ya citadas y anunciaron que recurrirían también la ruptura del contrato. En su informe de alegaciones contra esa resolución, pedían que la anulación del acuerdo contractual fuese achacada al Principado y no a ellas. Anunciaban también que valorarían pedir una indemnización por lucro cesante.

El Principado, mientras, aseguró estar trabajando en la tramitación de un nuevo proyecto desde el principio, pero ya entonces se daba por hecho que habría una batalla legal que ensombrecía esas promesas de celeridad en plazos. Y finalmente sí parece que habrá una ligera demora –Salud había fijado este año como fecha de reactivación de los trabajos y finalmente todo apunta a que será en inicios de 2027–, pero ya no por un recorrido judicial en el que el TSJA está respaldando sin ambages al Ejecutivo y alineándose con el informe del Consejo Consultivo, quien ya señaló que a su juicio "la UTE no ha conseguido acreditar la concurrencia de circunstancias ajenas a su voluntad" que justifiquen los problemas que derivaron en la anulación del contrato.

La primera sentencia del TSJA, emitida hace un par de meses, dio el primer espaldarazo al Principado: el Tribunal rechazaba el recurso de la UTE por habérsele denegado en dos ocasiones paralizar los trabajos cuando el contrato de ampliación aún estaba en marcha. Las constructoras pedían que se reconociese que existieron problemas durante la obra por causas ajenas a ellas que debían haberse concretado en una paralización parcial de los trabajos en diciembre de 2023 y en un parón total en abril de 2024. Alegaban por entonces las empresas que el proyecto de obra tenía errores y que no tenían la disponibilidad de todas las fincas. El Principado había rechazado ambas solicitudes de parón y aseguraba que los trabajos podían seguir avanzando. El TSJA, después, dio la razón a este último.

Una multa millonaria

En el nuevo fallo judicial, ahora, el Tribunal avala también al Principado en su decisión de imponer una penalización de 2,6 millones a la UTE por retrasos parciales de ejecución. Las constructoras señalaban que se había vulnerado el principio de proporcionalidad y que no tenían que cumplir con plazos intermedios, pero el Tribunal vuelve a darle la razón al Principado. Afirma que con el contrato de obra ambas partes acordaron un calendario de trabajos con hitos parciales y ve probado que las empresas terminaron el primero de ellos con dos meses de retraso: tendría que haberse terminado el 15 de septiembre de 2023 y no estuvo listo hasta el 22 de noviembre de ese año. La cuantía económica sale de la suma de 39.207 euros por cada día de demora.

En esta segunda sentencia, el TSJA señala que tendrá también que pronunciarse por una tercera cuestión: el recurso de la UTE contra la resolución del contrato como tal. El Principado lo firmó achacando la rescisión a causas atribuibles a las constructoras, algo que estas rechazan. Viendo el argumentario del Tribunal hasta ahora, más aún cuando en ambos fallos se cita el informe del Consejo Consultivo que ya señaló que esa rescisión del contrato fue correcta, todo parece indicar que la batalla legal en su conjunto seguirá respaldando a la Consejería de Salud. En los dos fallos ya emitidos, de hecho, a la UTE se le impone asumir las costas procesales.

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