"Regularlo es lo más lógico, realista y efectivo": el gobierno local se reafirma en hacer una norma para los patinetes tras frenar su prohibición
El edil de Tráfico, que anunció las restricciones de acceso al centro urbano, duda de la efectividad de fijar una regulación local que puede acabar anulada en los tribunales
El cronograma de reuniones para tramitar la normativa se empezará a diseñar ya esta semana

Un joven en patinete circulando por la calle Cabrales. / Ángel González
Las anunciadas doce señales R-118 que desde hoy iban prohibir el acceso en patinete a parte del centro urbano gijonés no han llegado a instalarse como anunciaron en un acto público los ediles foristas de Tráfico y Seguridad Ciudadana, Pelayo Barcia y Nuria Bravo respectivamente. Una prohibición a la que puso freno la propia Alcaldesa, Carmen Moriyón.
Fue ella quien a través de sus redes sociales, y tras la polémica social y política generada por el anuncio, planteaba este fin de semana dar marcha atrás en esa medida y optar por empezar a tramitar una regulación específica para los patinetes en Gijón. Una normativa, adelantaba Moriyón, con sanciones ejemplares para los incumplidores.
Trabajar en esa regulación fue el planteamiento que, ya en sede municipal y ante micrófonos, defendió el portavoz del gobierno, Jesús Martínez Salvador. "Es lo más lógico, lo más realista y lo más efectivo es regularlo", sentenció el forista. La idea es empezar a convocar esta misma semana a personal de las concejalías de Tráfico y Seguridad Ciudadana pero también a representantes vecinales y del colectivo de repartidores, uno de los más afectados por esa prohibición. "Y empezar a trabajar ya en esa normativa para que la podamos poner en funcionamiento lo antes posible", indicó el edil. Martínez Salvador aseguró que "nosotros sí que creemos que puede haber una norma que regule el uso de los patinetes y de hecho creemos que es lo lógico y lo que vamos a hacer".
La opinión de Barcia
Un nosotros que parece excluir al edil de Tráfico, Pelayo Barcia, que tiene más que dudas sobre la legalidad y operatividad de generar una normativa local que pueda ir más allá de la regulación que de los vehículos de movilidad personal hace la Dirección General de Tráfico. Asume Barcia que los ayuntamientos pueden generar una regulación específica pero, como explicó en sus redes sociales, con un efecto real muy limitado y más posibilidades de acabar en los tribunales que otra cosa.
"Con el desarrollo normativo actual de la DGT, el margen es muy estrecho. Poder, pueden; pero se arriesgan a que la norma sea anulada o a que las sanciones derivadas de ella acaben siéndolo. Al final, las ordenanzas municipales que no han tenido problemas legales son aquellas que se han limitado a transcribir —copiar y pegar— la normativa de la DGT. Quien ha ido más allá ha tenido problemas legales o los acabará teniendo. Es decir: quien simplemente ha hecho el paripé mediático de regular lo ya regulado no ha tenido problema; pero quien se ha inventado regulación ha acabado, o acabará, mal".
La reunión ya apalabrada de Barcia con los repartidores ha quedado en el aire a falta de concretar ese nuevo cronograma de encuentros a diseñar ya desde Alcaldía.
Las preguntas del PSOE
De que el asunto llegue a Pleno se encargará el PSOE, que exige al gobierno local que clarifique su posición sobre los patinetes tras el cambio de criterio en los últimos días. Recordó el socialista Tino Vaquero que el mismo gobierno que ahora plantea la idoneidad de una regulación específica en Gijón votó en contra de esa idea cuando la llevó la portavoz de Vox al Pleno.
"Se ve que no querían votar con la ultraderecha para no recordar la coalición que llevó a Moriyón al poder, pero son lo mismo. Que respondan: ¿Qué van a hacer? ¿Van a hacer efectiva una prohibición de circular con excepciones? ¿O van a permitir la circulación general para todos los usuarios de patinetes estableciendo sanciones para quienes incumplan?”, se preguntó Vaquero para quien el planteamiento de prohibición adelantado por Barcia y Bravo era ilegal. De hecho, ha solicitado la documentación técnica y jurídica en la que los dos ediles avalaron su decisión. Anulada por la Alcaldesa.
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