Endurecer las licencias para pisos turísticos y vigilar el alquiler de temporada: el plan de Podemos en vivienda

«La voracidad de la industria turística ha demostrado que es capaz de esquilmar la oferta de vivienda y disparar los precios». Así de claro lo tiene la portavoz municipal de Podemos, Olaya Suárez, y a partir de esa reflexión, y entendiendo que el problema no ha quedado solventado con los cambios en la legislación autonómica sobre turismo, reivindica del Pleno un acuerdo para que el Ayuntamiento de Gijón haga todo lo que sea posible para limitar el crecimiento de las viviendas de uso turístico en la ciudad.

¿Cómo? Pues implementando nuevos requisitos para la concesión de licencias, por ejemplo exigiendo accesos independientes, y modificando el Plan General para que la proporción de este tipo de viviendas en cada barrio no supere el 3% del total de las viviendas de ese territorio. Mientras se tramita esa modificación del PGO, Podemos pide una nueva moratoria que frene la concesión de nuevas licencias.

«En Cimavilla el porcentaje de viviendas de uso turístico es del 7%, y por eso es uno de los barrios declarados zona tensionada , pero no queremos que otros barrios se acerquen a la situación de Cimavilla, y por eso proponemos el 3%», explica Suárez para quien la limitación por barrios es sustancial ante el temor de que la imposición de restricciones en unos haga que el problema se derive a otros.

«Es imprescindible que el gobierno municipal tome cartas en el asunto. Sabemos que ellos no quieren regular porque dicen que eso de prohibir es muy bolivariano pero desde luego si queremos limitar los problemas que tiene esta ciudad ,y el principal es la vivienda, tiene que haber limitaciones», sentenció la portavoz de la formación morada.

La propuesta que Podemos lleva al Pleno busca comprometer al Ayuntamiento de manera directa en el control de las viviendas de uso turístico pero también que Gijón se posicione a favor de una regulación de los contratos de alquiler de temporada. Ese clásico solo de septiembre a junio que cada vez se ve más en las ofertas de viviendas para alquilar.

El acuerdo sería que el Ayuntamiento instase al gobierno de España a impulsar una legislación que delimite de forma clara este tipo de contratos e introduzca «medidas efectivas para vigilar, sancionar y reducir el uso fraudulento de esta modalidad».

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