Los usuarios exigen al gobierno local clarificar ya qué va a pasar con los patinetes en Gijón

Jennifer Fernández, presidenta de la Asociación de Usuarios de Vehículos de Movilidad Personal de Asturias (UVMPA), salió más preocupada de lo que había entrado al salón de plenos tras haber esperado pacientemene a que se acabaran las iniciativas de los grupos políticos para poder intervenir. Quería Fernández que se le clarificara si el parón a la anunciada prohibición de paso de los patinetes por la zona centro era definitivo o si iba a plantearse una restricción con excepciones a algunos colectivos. Pedía un sí o un no pero tuvo que conformarse con las palabras de la Alcaldesa, Carmen Moriyón, indicando que «tomaban buena nota» de sus palabras.

Aprovechó su intervención Fernández para criticar la «incertidumbre» que los mensajes contradictorios del gobierno dejan en los usuarios de los patinetes, denunciar la falta de proporcionalidad de las multas y la variación de la sanción económica para un mismo incumplimiento «dependiendo del agente que la ponga» y el agravio comparativo de los propietarios particulares de patinentes con las empresas «porque la mayoría de sus patinetes ni están homologados, ni matriculados, ni seguros».

Lo único que pudo sacar en claro la presidenta de la entidad fue escuchar del edil de Tráfico, el forista Pelayo Barcia, que se había cometido un error al anunciar esa prohibición sin tener en cuenta las necesidades del colectivo de repatidores. Prohibicion que, pocas horas después de su anuncio, frenó en seco la Alcaldesa. Ahora lo que hay es un proceso de reuniones con colectivos afectados y técnicos municipales para fijar que regulación se va a hacear sobre este tipo de vehículos.

«Nosotros cuando nos equivocamos, lo reconocemos y si nos equivovamos rectificamos; no como ustedes a los que les rectifican la justicia y las urnas», contestó Barcia a las críticas que sobre el asunto le había hecho el edil socialista Tino Vaquero. A quien también recordó, cuando le afeó la parálisis en la política de movilidad que «le guste o no le guste lo que hacemos, estamos cumpliendo con nuestros compromisos». Defendió Barcia, en contra del criterio de Vaquero, que sí había soporte legal para el anunciado cierre a los patinetes de parte de las calles del centro colocando la señal autorizada por la Dirección General de Tráfico.

Protestas laborales en el Pleno

Este fue uno de los debates de un pleno que arrancó con una protesta, silbato en boca, convocada por el Sipla reivindicando mejoras laborales para la Policía Local y con los carteles de las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio y los funcionarios que exigen el pago de las primas de jubilación levantados en la zona reservada al público en el salón de plenos.

Y donde Nuria Bravo, edil de Seguridad Ciudadana, tuvo que hacer frente a las quejas de PSOE y Vox sobre carencias de personal, material y equipamientos en el equipo de salvamento. Carencias que Bravo negó. Solo asumió que había quedado desierta la licitación de las torretas de vigilancia que las casetas de cobijo se cambiarán este verano por carpas ya que el modelo inicial previsto no pasó el filtro de los responsables de prevención laboral. Bravo defendió que la media de socorristas en las playas de Gijón está por encima de la media en las playas de Asturias.

Denuncia: la palabra que enfrentó a López Moro y Álvarez Rouco

Y un Pleno donde, a falta de la clásica bronca entre Sara Álvarez Rouco (Vox) y Javier Suárez Llana (IU)y Olaya Suárez (Podemos), la portavoz de la formación de ultraderecha tuvo un rifirafe con la forista Montserrat López Moro a costa del uso de la palabra denuncia. López Moro la había usado en el Pleno del mes pasado para referirse a la comunicación que hizo Vox ante el juez exponiéndole que el gobierno local no cumplía con la anulación del Plan de Normalización Llingüística. «No soy jurista, usé la palabra denuncia en el sentido que tiene la RAE. Si quiere podemos jugar a los sinónimos como hacía con mis alumnos y elija: reproche, acusación, delación...», le contestó la forista. «Y no le consiento que diga que falto gravemente a la verdad», le dijo Moro a Rouco para quien la forista había utilizado el término de manera impropia a sabiendas para tratar de distorsionar la imagen de Vox Gijón». Vox fue quien llevó el Plan a los juzgados y consiguió su anulación.

Suscríbete para seguir leyendo