Congelación fiscal y votaciones ya en agosto: el plan de las últimas ordenanzas de tributos del mandato

No hay parón por vacaciones en el calendario que la concejalía de Hacienda, que encabeza la forista María Mitre, ha diseñado para tramitar la que será la última propuesta de ordenanzas fiscales del actual mandato municipal, ya que a mediados del año que viene hay cita electoral. Hasta el 14 de agosto tienen de plazo los responsables de los tres organismos autónomos del Ayuntamiento –las fundaciones de Cultura y Servicios Sociales y el Patronato Deportivo–para llevar sus propuestas de modificación fiscal a sus respectivas juntas rectoras de cara a su aprobación. El mismo plazo corre para las empresas municipales de Transportes (Emtusa), Servicios de Medio Ambiente Urbano (Emulsa) y Aguas (EMA) que deberán tener sus posibles cambios aprobados por sus consejos de administración. Algo que ya hizo hace unas semanas la sociedad Cementerios de Gijón (Cegisa).

Estos son los primeros pasos de la tramitación oficial del documento que pondrá negro sobre blanco los impuestos, tasas y precios públicos que estarán vigentes en el Ayuntamiento a partir del uno de enero de 2027. Unos pasos que dan continuidad a un proceso de trabajo interno realizado durante los dos últimos meses para recopilar propuestas de modificación desde las diferentes áreas municipales. Y un trabajo que se ha desarrollado a partir de la consigna de aplicar el principio de congelación fiscal que ha mantenido de manera genérica el gobierno compartido de Foro y PP bajo el mandato de Carmen Moriyón.

De contención fiscal «sin incrementos de tipos impositivos salvo mandato normativo» ya se hablaba en el documento emitido en mayo por la Dirección General Económico-Financiera fijando los criterios para la elaboración del anteproyecto del presupuesto municipal para el año 2027. En unos días arrancarán las reuniones del equipo económico municipal con concejalías, organismos autónomos, servicios municipales y empresas del Grupo Ayuntamiento para debatir las propuestas que se hayan ido presentado de cara a su incorporación al documento presupuestario. La previsión es que las primeras aprobaciones vinculadas al presupuesto lleguen a partir de mediados de septiembre.

A Junta de Gobierno el 9 de septiembre

Para entonces, y según el calendario que Mitre compartió con los grupos municipales, el proyecto de modificación de las ordenanzas fiscales –elemento central a la hora de contabilizar los ingresos del Ayuntamiento– ya habrá sido aprobado por la Junta de Gobierno y entregado a los partidos en comisión de Hacienda de cara su análisis y presentación de enmiendas. Ambas reuniones están agendadas para el 9 de septiembre. Para el uno de octubre está prevista la votación de enmiendas y para el día 10 la convocatoria del Pleno donde, salvo sorpresa y dada la mayoría que sustenta al gobierno, saldría adelanta la aprobación de las ordenanzas fiscales de 2027.

La contención fiscal es uno de los tres criterios generales fijados para la elaboración del presupuesto de ingresos. Los otros dos son la potenciación de la captación de subvenciones de otras administraciones y de Europa y el acceso a endeudamiento solo para financiar inversiones estratégicas. En materia de gastos los criterios son: contención del gasto corriente, priorización de la ejecución de las inversiones financieramente sostenibles y la aplicación del tope de crecimiento del 3,4%.

Modificaciones del actual presupuesto

Al tiempo que se elaboran las cuentas de 2027 se avanza, vía modificación, en los ajustes del presupuesto en vigor. De la última comisión de Hacienda camino del Pleno salieron aprobadas una modificación por 1,4 millones del presupuesto de la Fundación de Cultura y otra de 3,3 millones del presupuesto municipal, que incluye una partida de dos millones para el pago a las comunidades de vecinos de parte de las subvenciones pendientes por obras de rehabilitación de fachadas. Este último ajuste salió adelante por unanimidad.

El grueso de esta modificación, algo más de 2,3 millones, se financiación con remanente líquido de tesorería para gastos generales. Tras restar esa partida, al gobierno le queda poco menos de un millón de ese remanente a poco de empezar el segundo semestre del año. El pasado ejercicio, y de cara a dedicar todo el superávit a amortizar deuda como obligaba entonces la ley –un decreto a final de año eliminó esa obligación abriendo la puerta a usar parte del dinero para inversión–pero no perder capacidad inversora, el equipo económico municipal desarrolló una operación que transfirió recursos de organismos autonómos y empresas municipales a las arcas municipales . Una opción que podría tener su réplica también este año.

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