El PSOE de Gijón no presentará enmiendas a la Zona de Bajas Emisiones al considerar que la ordenanza “incumple la ley”
Los socialistas creen que el texto del gobierno de Carmen Moriyón “simula” cumplir la normativa estatal y advierten del riesgo para futuras ayudas europeas

Tino Vaquero en el Ayuntamiento de Gijón.
El Grupo Municipal Socialista no presentará enmiendas a la ordenanza que regulará la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Gijón al considerar que el texto elaborado por el gobierno local “es un fraude de ley” y nace con el objetivo de eludir el cumplimiento de la normativa estatal.
Así lo anunció este viernes el concejal socialista Tino Vaquero, quien aseguró que su grupo no participará en la modificación de una norma que, a su juicio, “nace ya con la vocación de no cumplir la ley”. El edil sostiene que la propuesta municipal incumple tanto la Ley de Cambio Climático como el real decreto que regula las Zonas de Bajas Emisiones.
Entre las principales objeciones, el PSOE sostiene que la ordenanza no establece una zona de bajas emisiones permanente, ya que las restricciones solo se activarían durante episodios de contaminación previstos en el protocolo de la zona oeste de la ciudad, que, según los socialistas, apenas se producen entre 20 y 30 días al año.
Además, Vaquero critica que el texto permita la circulación de todos los vehículos mediante su inscripción en un registro municipal, sin aplicar restricciones en función del potencial contaminante de cada uno, tal y como, afirma, exige la legislación. El edil también considera insuficiente el ámbito de aplicación de la futura ZBE, al abarcar 1,3 kilómetros cuadrados de los 182 del municipio, afectar a unos 26.000 habitantes y a 10.800 vehículos de un parque móvil superior a los 160.000.
Sanciones aplazadas
Otra de las críticas del PSOE se centra en que las sanciones por incumplir la ordenanza no comenzarían a aplicarse hasta el 1 de enero de 2029. Para Vaquero, el conjunto de estas medidas convierte la futura Zona de Bajas Emisiones en “una simple caricatura” que no contribuirá a mejorar la calidad del aire ni a reducir las emisiones contaminantes.
Los socialistas sostienen además que las declaraciones realizadas por el concejal de Movilidad, Pelayo Barcia, confiando en que la normativa estatal cambie antes de la entrada en vigor del régimen sancionador, refuerzan la idea de que el objetivo del gobierno municipal es evitar la aplicación efectiva de las restricciones.
Riesgo para las ayudas
El PSOE recuerda que la ausencia de una Zona de Bajas Emisiones plenamente operativa ya tuvo consecuencias económicas para Gijón con la pérdida de ayudas estatales destinadas al transporte público, lo que, según denuncia, repercutió en el precio del autobús urbano. Asimismo, advierte de que la ciudad podría poner en riesgo cerca de siete millones de euros vinculados a fondos europeos destinados a objetivos climáticos.
Por todo ello, los socialistas defienden la redacción de una nueva ordenanza que se adapte a la legislación vigente y que permita implantar una Zona de Bajas Emisiones “efectiva”, orientada a mejorar la calidad del aire y cumplir con los objetivos ambientales establecidos por la normativa.
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