El Puerto cuenta con disponer de parte de las ayudas pendientes de la UE, que se acercan a los 50 millones, para su plan de inversiones

El Musel afronta un horizonte de pérdidas que ya ha cifrado en 5,6 millones, según sus estimaciones, entre este año y el próximo 2027. Sin embargo, por ahora se mantienen sus previsiones de inversión para ambos ejercicios, de 36,5 millones, por la abundante tesorería que tiene la entidad. Ese amplio margen de caja sobre el que apoya la Autoridad Portuaria de Gijón su plan de inversiones tiene que ver con el cobro de las subvenciones pendientes de la UE. En concreto, con la previsión de cobro de 21 millones de euros de los casi 50 (49,5 millones, exactamente) de subvenciones pendientes de la obra de ampliación del superpuerto, que mantiene retenidos las entidades europeas.

En el Plan de Empresa de El Musel para el año 2027, en el que también se han actualizado las previsiones de cierre del ejercicio actual de 2026 -que cambiaron drásticamente con la disminución de tráficos por el descenso de descargas de graneles sólidos de Arcelor- se incluyen esos 21 millones de euros de subvenciones europeas como ingresos previstos para el año. Al mismo tiempo, la partida del activo en la que se recogen las subvenciones pendientes de cobro se ha corregido, pasando de los 49,5 millones de euros que se reflejaban a principios de año a 28,5 millones de euros, que sería la cantidad que quedaría pendiente del citado cobro europeo.

La negociación con Bruselas aún está abierta y desde el Puerto siguen trabajando para intentar cobrar en su totalidad la cuantía originalmente concedida, aunque no sea toda a la vez, y hacerlo además con la máxima celeridad posible.

La Comisión Europea había concedido 247,5 millones de euros de fondos FEDER para la obra de ampliación de El Musel, que se ejecutó entre 2005 y 2011 con una inversión de alcanzó los 708 millones de euros. De los 247,5 millones de subvención, la UE desembolsó 198 millones y retuvo los 49,5 restantes.

Por el camino la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF) abrió una investigación sobre la obra que se resolvió con la propuesta de revocar la totalidad de los 247,5 millones concedidos y remitió las conclusiones a la Fiscalía española. Dio lugar a un proceso penal, el "caso Musel", que se juzgó en la Audiencia Nacional, con sentencia absolutoria para los directivos del puerto y de las empresas integradas en la UTE Dique Torres, encargada de la obra.

Tras la sentencia absolutoria, el Ministerio de Hacienda (que tramita los cobros de fondos comunitarios) reclamó a Bruselas el pago de aquellos 49,5 millones. La respuesta de Bruselas fue plantear un recorte de 32,63 millones de euros en la ayuda pendiente, advirtiendo de que en caso de disconformidad de España revocaría 66,04 millones de la ayuda, lo que obligaría a devolver parte de lo ya cobrado. La UE consideraba irregular 130 millones de euros del gasto declarado por España como subvencionable en la obra gijonesa.

Desde el Puerto siempre han defendido que no hay sombra alguna sobre la obra que justifique un recorte de las ayudas, apoyándose en las sentencias de la Audiencia Nacional y del Tribunal de Cuentas de España en el mismo sentido. La nueva dirección portuaria ya mantuvo una reunión con los responsables de las ayudas en Bruselas, para tratar de convencerles. La negociación continúa abierta.

Entre las inversiones que el Puerto tiene previstas en su plan inmediato, de 10.5 millones para este 2026 y de 23,5 millones para el 2027, y que están pactadas con Puertos del Estado, se incluyen el nuevo puesto fronterizo de mercancías, la electrificación de la terminal de contenedores de El Musel para dar servicio a barcos atracados; la inversión en la estación sur de ferrocarril; inversiones vinculadas al plan Puerto-Ciudad y otras en mantenimiento, entre las principales. n

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