La dirección y el claustro del colegio Pumarín piden a la Consejería de Educación «más trasparencia» en la elección de cargos

Hay cuestiones que dejan de ser un asunto interno de un centro educativo para convertirse en una cuestión de interés público. Así ha ocurrido con la designación de la nueva dirección del C.P. Pumarín.

Queremos manifestar aquí nuestra opinión sobre un procedimiento de designación que ha generado malestar en buena parte de la comunidad educativa.

Respecto al origen de esta situación, cabe señalar que durante este curso se produjeron una serie de hechos cuya gestión provocó la dimisión del jefe de estudios y de la secretaria, respldados por una parte muy significativa del claustro. La situación desembocó en la dimisión del director, Alberto Ferrao, al finalizar el curso.

Durante los cuatro meses en los que el entonces jefe de estudios, Alejandro Farpón, asumió las tareas de dirección por ausencia del director, el centro desarrolló su funcionamiento con normalidad.

A finales de junio, la Inspección Educativa inició, como es habitual en estos casos, el procedimiento para proponer una nueva dirección. Durante el mismo, gran parte del profesorado manifestó su respaldo a Alejandro Farpón y Susana García como personas con capacidad para integrar el futuro equipo directivo. El propio Alejandro Farpón expresó en ese momento su disposición a asumir las tareas de dirección, aunque propuso a Susana García como la persona que consideraba más adecuada.

Sin embargo, ninguno de los dos fue designado.

El nombramiento recae finalmente en una tercera docente que había manifestado previamente no desear asumir ese cargo y que solicita se reconsidere la decisión cuando Inspección se la comunica.

Sabiendo que las propuestas de dirección son competencia exclusiva de la Inspección Educativa, consideramos aun así legítimo plantear algunos interrogantes que cualquier comunidad educativa tiene derecho a formular.

En primer lugar, nos preguntamos cuáles han sido los criterios técnicos que justificaron la propuesta de la Inspección. Si el jefe de estudios no reunía el perfil adecuado, ¿por qué no se aceptó su dimisión en marzo y se le mantuvo ejerciendo precisamente las funciones de dirección durante cuatro meses? Tanto

durante el procedimiento como en manifestaciones posteriores se hace alusión a la necesidad de restablecer el clima de convivencia. Nos preguntamos entonces qué mayor garantía puede ofrecerse que nombrar a una persona que ha demostrado su capacidad para mantener un clima de trabajo adecuado y garantizar el desarrollo de la actividad educativa.

Existe, además, otra cuestión que consideramos relevante. Las circunstancias señaladas fueron puestas de manifiesto por una parte significativa del profesorado y, sin embargo, no se tuvieron en cuenta en la propuesta finalmente formulada por la Inspección, que mantuvo su propósito inicial de renovar completamente el equipo directivo. En este punto, no podemos sino preguntarnos por qué tampoco se contempló nombrar a la otra docente propuesta también por el profesorado y que cumplía con la condición planteada por Inspección de no formar parte del equipo directivo anterior.

Respecto a la necesaria justificación desde un punto de vista pedagógico, hay que señalar que las dos personas propuestas por una parte significativa del profesorado coordinaban dos de los programas educativos con mayor impacto en el centro, que contaron con reconocimiento por parte de distintas administraciones educativas.

Estos interrogantes no suponen, por supuesto, un cuestionamiento de la potestad legal de la Administración para proponer a la persona que deba ejercer la dirección. Y, aun siendo evidente que este proceso no se desarrolla mediante un referéndum, consideramos que se aleja de la práctica habitual que una opinión ampliamente respaldada y fundamentada por el claustro, que es quien mejor conoce la realidad del centro, no tenga reflejo en la propuesta finalmente formulada.

Nuestra intención al hacer pública esta reflexión es mostrar nuestro desacuerdo con el procedimiento seguido y hacer ver la necesidad de que procesos de esta relevancia se desarrollen con la máxima transparencia pues la confianza en las instituciones no depende únicamente de que sus decisiones se ajusten a la legalidad. Depende también de que puedan comprenderse, justificarse y percibirse como objetivas.

Laura Muñiz Cid. Directora del CP Pumarín.

Susana García García. Representante del profesorado en el Consejo Escolar del CP Pumarín.