La Justicia admite a trámite el recurso de Gijón contra las zonas tensionadas de Cimavilla y La Arena y estudia la suspensión cautelar
El gobierno local insiste en suprimir una medida que podría implicar la retirada de más viviendas de alquiler del mercado
El Principado defiende el "rigor técnico" de una declaración que afecta a La Arena y Cimavilla
El barrio de Cimavilla, visto desde los jardines de la Reina. / MARCOS LEON
Añádenos en GoogleComienza el choque legal por las zonas tensionadas en Gijón. El recurso contencioso-administrativo presentado por el Ayuntamiento ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) contra esta resolución del Principado ha sido admitida a trámite. Con este recurso, el gobierno local solicita también como medida cautelar la suspensión de la declaración mientras se resuelve el proceso, una petición que el Tribunal valorará si la aplica o no en los próximos días. En Gijón existen dos zonas declaradas como tensionadas: los barrios de La Arena y de Cimavilla.
El propio Ayuntamiento ya había comunicado que presentaría este recurso judicial al considerar que la resolución del Principado, emitida desde la Consejería de Ordenación del Territorio, en manos de Ovidio Zapico (Izquierda Unida), se había basado en datos "sesgados" y sin haber logrado previamente un consenso con las autoridades locales. Hace unos días, por su parte, desde la consejería de Zapico se mostraban confiados en que la tramitación de esta resolución para declarar zonas tensionadas se ha realizado "con todas las garantías" y el "máximo rigor técnico y jurídico".
Comienza, en cualquier caso, la fase legal de un desencuentro entre administraciones que ya viene de largo. Desde el gobierno local reprochan lo que a su juicio es una medida "intervencionista" que retirará más viviendas del mercado. Desde el Principado defienden haber aplicado una medida recogida por ley y de acuerdo a una petición lanzada en su día por el propio Consistorio con un acuerdo plenario.
Con la admisión a trámite del recurso, el TSJA tendrá ahora que valorar, primero, si aplica o no la suspensión cautelar que solicita el Ayuntamiento. Después, tocará estudiar las alegaciones que esgrime el bipartito, en las que asegura que algunas medidas invaden competencias municipales y con las que esgrime informes que alertan de la retirada de viviendas del mercado de alquiler de larga duración.
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