La Alcaldesa, sobre las zonas tensionadas: "Gijón no va a ser el experimento de la ley de vivienda en Asturias"

"Quieren convertir a Gijón en el mayor experimento de la ley de vivienda en Asturias. No estamos hablando de si una administración tiene competencias, sino de cómo las ejerce, y (Ovidio) Zapico las ejerce con imposición y sin diálogo". La alcaldesa Carmen Moriyón justificó así este lunes la decisión del gobierno de rechazar la petición de Izquierda Unida y Podemos para retirar el recurso judicial contra la declaración de Cimavilla y La Arena como zonas tensionadas. Un conflicto que en los últimos días se ha ampliado después de que Zapico, consejero de Ordenación del Territorio, anunciase en la Feria de Muestras su intención de ampliar esa declaración a todo el concejo de Gijón, algo que la Regidora interpreta como un "ataque frontal" a la ciudad. La empresa municipal de vivienda, además, alerta de un "aluvión" de llamadas de "pequeños propietarios" que quieren "trasladar alquileres de residencia habitual y permanente a viviendas de alquiler por habitaciones".

"Yo no era la 'alcaldesa antivivienda' cuando vino esta misma consejería desesperada porque el promotor de las viviendas de Peritos se retiraba y que había que hacer una modificación del PGO", se defendió la Alcaldesa en referencia al cambio urbanístico que tramitó el Ayuntamiento para permitir que en esta promoción de vivienda pública del Principado se pudiese instalar un supermercado en el bajo comercial. Recordó también la forista que la Sindicatura de Cuentas alertó hace unos días de deficiencias en registros autonómicos que impidieron cuantificar el desajuste entre la necesidad de vivienda protegida y la oferta disponible en Asturias durante 2023 y 2024.

Moriyón acusó a la consejería de Zapico de actuar con "apriorismo e improvisación" con una medida que "hace oídos sordos" a la posible reducción de oferta que podría generar. "Su eficacia está siendo discutida", aseveró la forista, que recalcó también que su postura pasa por "defender todos los intereses": "Gijón es todo, tanto las personas que buscan una vivienda como los muchos vecinos que son propietarios de una segunda vivienda y que necesitan de una seguridad jurídica para ponerlas en el mercado".

Olaya Suárez, de Podemos, encargada de defender la propuesta, ya reconoció que tanto ella como los de Izquierda Unida venían "sin ninguna esperanza" de que la retirada del recurso judicial saliese adelante. "El recurso no se sostiene y hace apenas una semana pudimos ver los efectos positivos (de esta medida) en Euskadi, donde en el último trimestre de 2025 el precio del alquiler se abarató un 3 por ciento. En Gijón cerramos con una subida del 10", expuso. Reprochó, también que un informe Emvisa pusiese en duda la idoneidad de las zonas tensionadas viendo el "fracaso clamoroso" del plan municipal "Gijón confía alquilando".

El informe de Emvisa al que hacía referencia Suárez es el que alerta del "aluvión" de quejas de propietarios en estas últimas semanas. También señala que "se está planteando una retirada masiva de viviendas del mercado de alquiler residencial permanente". Hay otro informe, de Urbanismo, que habla de que la resolución del Principado no "delimita" con claridad las calles afectadas. El gobierno pide la suspensión cautelar de la medida mientras se resuelve su futuro ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).

Javier Suárez Llana, de Izquierda Unida, acusó al gobierno de "repetir como un mantra argumentos falsos". Defendió que Zapico no actuó de manera unilateral porque el Pleno había aprobado por mayoría instar al Principado a iniciar los trámites de zonas tensionadas y explicó que en el informe de Emvisa se señalaba que declarar dos barrios como zonas tensionadas generaría desequilibrios en el resto del concejo, algo que a su juicio se solventaría con la actual intención del Principado de aplicar la medida en todo Gijón. Carmen Eva Pérez, del PSOE, reprochó que ese documento de Emvisa tildase las prórrogas al alquiler como una "expropiación forzosa temporal de la propiedad privada". Sara Álvarez Rouco, de Vox, sí estuvo de acuerdo con no retirar el recurso judicial.

Jesús Martínez Salvador, portavoz forista del gobierno local, cerró el debate. "Si faltan viviendas en el mercado, ¿va a haber más limitando el precio? Si hay diez familias buscando y hay cinco viviendas disponibles, ¿qué ayuda más? ¿Que limitemos el precio de esas cinco o que hagamos que haya 20 disponibles?", preguntó. "No vamos a consentir que se intervenga en el futuro de Gijón desde un despacho de Oviedo", aseveró.

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