Conducir drogado o borracho saldrá mucho más caro en Gijón: los conductores que den positivo deberán pagar el segundo test

El borrador de las nuevas ordenanzas fiscales, que apostará por una congelación general de tributos, plantea incluir una nueva medida para disuadir del consumo de alcohol y drogas al volante: que quienes pidan una prueba de contraste y presenten niveles de sustancias por encima de lo permitido tengan que asumir, además de la sanción pertinente, el coste del propio test. Con esta nueva tasa, los usuarios que diesen positivo en un control general y que pidiesen después la repetición de la prueba tendrían que abonar el gasto de esta última en el que caso de que diesen positivo por segunda vez. Según fuentes municipales, la medida, por cómo se formula, afectaría solo a infractores y haría recaer sobre ellos un gasto que hoy asumen las arcas públicas. Esos pagos, añaden, rondarían entre los 50 y los 100 euros y se sumarían a la multa ordinaria de la infracción.

La concejalía de Hacienda, en manos de la forista María Mitre, plantea incorporar lo que los técnicos llaman por ahora una "tasa por prestación del servicio de realización de pruebas de contraste para la determinación de los niveles de alcohol o para la detección de drogas". Sugieren que esta tasa pueda aplicarse en aquellos casos en los que, tras un primer positivo en un control ordinario, se tramite la realización de un segundo test, la llamada prueba de contraste, y que esta ratifique un resultado positivo en consumo de alcohol o sustancias. Este segundo test suele realizarse a través de un análisis de sangre u orina. Si esa segunda prueba confirma que la persona al volante circulaba bajo los efectos de alcohol o drogas, la nueva tasa permitiría trasladar al conductor en cuestión el coste de la prueba. Para que esto ocurra, sin embargo, esa prueba de contraste debe realizarse "a petición de la persona interesada".

Desde la concejalía de Hacienda explican que la fórmula elegida permite que la tasa no afecte a posibles afectados por falsos positivos, por ejemplo, ni a repeticiones de pruebas con resultados dudosos que se hagan a petición de los propios agentes. "La exigencia de la tasa queda condicionada a que la persona interesada solicite la realización de la prueba de contraste y que el resultado confirme la superación de los niveles de alcohol en sangre o de drogas en el organismo", explican.

La medida, además de ayudar a servir como disuasión para conductores imprudentes, aspira también a descargar el coste que tiene para las arcas públicas la realización de este tipo de pruebas de contraste, que según fuentes municipales es notorio. "Podría señalarse que al establecerse la tasa el coste del servicio recae sobre quien motiva su prestación cuando la prueba confirma el resultado positivo obtenido inicialmente, y no es soportado por la generalidad de los contribuyentes", defienden las mismas fuentes.

Acuerdo entre concejalías

El precio exacto de esta tasa está pendiente de concretarse, pero rondará los 100 euros para los tests de detección de drogas y en torno a 50 para las pruebas de alcoholemia, según fuentes municipales. La medida surge a propuesta de la propia concejalía de Hacienda y ya ha recibido el visto bueno de la de Seguridad Ciudadana, en manos de la forista Nuria Bravo.

Para Gijón esta tasa es nueva más en su tipología que en su esencia. Por ejemplo, en juicios por delitos de lesiones, si la persona juzgada resulta culpable, además de la indemnización y condena que le corresponde, se le pasa el gasto estimado que ha supuesto para el sistema público de salud atender y curar a su víctima.

Suscríbete para seguir leyendo