La bonificación fiscal a la construcción de viviendas protegidas se duplicará a partir del año que viene en Gijón
La actualización de los tributos municipales mantiene la congelación general de tarifas y amplía las rebajas a las obras que mejoren la accesibilidad y la eficiencia energética
Imagen de archivo de las obras en construcción en Peritos. / Ángel González
Añádenos en GoogleGijón sumará un nuevo incentivo para la construcción de vivienda de protección oficial: una bonificación del 50 por ciento al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, el ICIO. Así lo recoge el nuevo borrador de las ordenanzas fiscales, un documento que desde hace semanas se ultima desde la concejalía de Hacienda, en manos de la forista María Mitre, y en el que se cumple la promesa del gobierno local de aplicar una congelación general de tarifas. En este borrador se incluyen ahora, además, una ampliación de las obras susceptibles de optar a bonificaciones fiscales vinculadas a la accesibilidad y la eficiencia energética. En concreto, se sumarán a la lista las obras para eliminar barreras arquitectónicas en espacios comunes de edificios residenciales, así como las reformas que instalen sistemas de aprovechamiento de energía ambiente como la aerotermia.
La bonificación fiscal del ICIO a viviendas protegidas que se contempla en este borrador surge a petición de la concejalía de Urbanismo y supone duplicar la rebaja del impuesto a este tipo de construcciones, que estaban hasta ahora bonificadas el 25 por ciento. El descuento afectará a trabajos de edificación, instalaciones y obras en viviendas de nueva construcción "con el fin de reforzar el incentivo fiscal" para la vivienda protegida y "favorecer el incremento" de proyectos que apuesten por ella.
Para el mismo impuesto de construcciones, además, ya se incluyen actualmente una bonificación del 90 por ciento para la adaptación de viviendas en materia de accesibilidad. El cambio que se propone en el borrador ahora es sumar también las actuaciones del mismo estilo que afecten a los espacios comunes de un edificio "que sirvan de paso necesario entre la finca urbana y la vía pública", como la creación de rampas y ascensores.
Argumenta la concejalía de Mitre que con este cambio se permite que la bonificación a la accesibilidad tenga un carácter "integral", ya que se consideraba que hasta ahora la rebaja, al quedar "limitada" a las obras en los interiores de viviendas, era incompleta. De paso, este mismo borrador corregirá un aspecto formal del texto hoy vigente: sustituir la expresión "personas discapacitadas" por "personas con discapacidad". Es lo que desde hace ya un tiempo recomiendan colectivos como Cocemfe.
Por último, otra bonificación del ICIO, y tras una actualización de la ley nacional que lo permite, sumará a los beneficiados por la instalación de sistemas de energías renovables a aquellos que coloquen en sus propiedades recursos de aprovechamiento de la energía ambiente y siempre que se destinen al autoconsumo. Se llama energía ambiente a los sistemas de aprovechamiento de aerotermia –que se sirve del calor residual del exterior para calentar interiores–, la geotermia –que extrae el calor de capas de tierra calentadas por el sol– y la hidrotermia, que hace lo mismo con superficies de agua.
La inclusión de este tipo de energía verde se suma a las bonificaciones ya existentes a las obras para instalar paneles solares y sistemas de energía eólica, así como cualquier bomba de calor. El alcance de la bonificación es del 95 por ciento. Este nuevo borrador de las nuevas ordenanzas fiscales, por lo demás, avanza según lo previsto y podrá quedar aprobado este año para que entre en vigor, como siempre, el día 1 de enero.
Una tasa para conductores ebrios y borrachos que pidan repetir la prueba
La actualización de las ordenanzas fiscales incluirá también una tasa para los conductores que pidan una prueba de contraste por consumo de alcohol o drogas y den positivo, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA a inicios de mes. Esto supondrá, en concreto, que los implicados, además de la multa que resulte apropiado aplicar, tendrán que abonar 55,53 euros para el análisis de alcoholemia y 123,48 euros para el test de drogas. Los infractores susceptibles de verse afectados por esta tasa, por lo tanto, tendrán que haber dado positivo en una primera prueba realizada por los agentes policiales y exigirles después una análisis clínico que ratifique ese resultado. Si en esa segunda prueba vuelven a dar positivo, tendrá que abonar el coste que hasta ahora asumían las arcas públicas por ese servicio. Es una compensación similar a la que ya se realiza, por ejemplo, ante condenados por un delito de lesiones que, además de la pena que les imponga, deben costear los gastos que supuso para el sistema público de salud atender a su víctima.
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