Los vecinos rechazan firmar la renuncia al vial de Jove: "Es un chantaje; faltan compromisos"

Los vecinos exigirán en el consejo social del próximo lunes que el Ayuntamiento y el Principado no firmen la renuncia formal al proyecto en superficie del vial de Jove, un trámite que les solicitó el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, durante la reunión celebrada en Madrid la semana pasada. En aquella cita, en la que las dos administraciones asturianas rechazaron el nuevo proyecto en superficie que les presentaba Santano, y tras confirmarse la negativa del Ministerio a acometer una solución soterrada, las tres administraciones habían acordado, ante la falta de consenso, buscar una alternativa de acceso al Puerto que no pasase por Jove. Tras reunirse ayer tanto las federaciones vecinales como las asociaciones de la zona oeste en el Ateneo Obrero, los representantes pedirán no asumir esa renuncia por escrito "hasta que existan compromisos" para el territorio, principalmente, una solución para sacar los camiones de La Calzada: "No cederemos al chantaje".

Las entidades vecinales temen que esa negativa rubricada implique una suerte de cheque en blanco al Ministerio para "desentenderse de Gijón". "No se puede firmar nada hasta que no sepamos qué pasa después. Todos coincidimos en que el Ministerio nos ha sometido a un engaño que ahora de alguna manera asume el Principado: había una obra (la solución soterrada) que se licitó y que después se decidió que no se haría, retrotrayéndonos hasta hace 30 años", señaló ayer Manuel Cañete, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos (FAV) de la zona urbana. "Sería una torpeza por parte de Gijón firmarle un papel al Ministerio en el que parecería que estamos diciendo que nos parece bien que no hagan el vial. Fueron a hechos consumados y esto parece parte de ese chantaje del ‘o esto, o nada’. No se debe firmar nada por ahora", coincidió José Luis García Nicieza, que ayer hablaba en nombre de la federación rural "Les Caseríes".

A grandes rasgos, los vecinos quieren vincular esa firma a una serie de "compromisos" que desarrollarán este lunes. El más importante: sacar los camiones de La Calzada. "No podemos renunciar a nada sin tener algo a lo que asirnos; nos dejan sin horizonte. El Ministerio se comprometió en su momento, por ejemplo, a que, como no hacer el vial soterrado no era cuestión de dinero, ese dinero se invertiría en la zona oeste. Ese compromiso tiene que concretarse, al igual que el de retirar el tráfico pesado de Príncipe de Asturias. No se le puede dar carpetazo a un proyecto que estuvo licitado", señaló Carlos Arias, líder vecinal de La Calzada. "No queremos ni un camión por Príncipe de Asturias; se acabó", añadió Cañete.

Los vecinos, por otra parte, pedirán también al Ayuntamiento "explorar" la posibilidad de si el Ministerio de Transportes puede afrontar "responsabilidades legales" por el fiasco del vial. "Queremos saber si hubo un incumplimiento de contrato como tal: la obra estaba licitada y lista para echar a andar", razonó ayer José Ramón Fernández Puerta, líder vecinal de Jove. "Queremos saber si el Ayuntamiento baraja personarse como entidad damnificada por todo esto. Hay que pedir responsabilidades y lo deben estudiar los equipos jurídicos. No hubo un impedimento técnico que evitase a hacer la obra", insistió Cañete. Arias añadió que, como medidas inmediatas que ya pueden aplicarse, solicitarán al Ayuntamiento aplicar de manera "escrupulosa" el plan de calidad del aire en cuanto al paso de tráfico pesado por La Calzada.

Por lo demás, las asociaciones se emplazaron a una nueva reunión al día siguiente del consejo, esto es, el día 15. Y tienen ya claro que, tras esa cita, se empezará a concretar un nuevo calendario de movilizaciones. Todos los asistentes –en la reunión de ayer hubo representantes de todas las asociaciones afectadas– coincidieron en la necesidad de "concienciar a la ciudad" y esperan convocar una concentración en noviembre. También se hizo referencia, por último, a una preocupación que ya adelantó ayer LA NUEVA ESPAÑA: qué pasará con los terrenos expropiados. Tal y como señaló ayer este periódico, las entidades pedirán el lunes prohibir "que esos terrenos se recalifiquen y den lugar a un pelotazo urbanístico" y pedirán que los espacios se destinen "a zonas verdes o de esparcimiento" y de uso, por tanto, público.

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