NMR elude las acusaciones más graves al vencer el plazo de instrucción

El supuesto hurto o robo de arcilla de una concesión minera ajena en Salas y la supuesta apropiación indebida de 116.000 toneladas de carbón son los dos únicos asuntos por los que es posible que tengan que rendir cuentas ante la Justicia los empresarios investigados tras la quiebra de Natural Mining Resources 1926 (NMR), que dejó un reguero de deudas que alcanza los 170 millones de euros, incluyendo cuantiosos pufos con diversas empresas vinculadas al puerto gijonés, donde la empresa su base de operaciones. El grueso de la investigación, sin embargo, se ha ido al traste por haberse sobrepasado el plazo legal para realizar una instrucción judicial, dejando así fuera los supuestos delitos de estafa agravada, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales, delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental, favorecimiento real y personal y un supuesto cohecho en un ayuntamiento asturiano.

NMR, que en 2020 llegó a ser el principal operador de carbón en El Musel, compraba el mineral fundamentalmente a empresas con capital ruso. Lo traía a El Musel lo mezclaba y revendía, siendo sus principales clientes térmicas de Marruecos. Dejó impagos entre los proveedores tanto de carbón como de servicios, y perjuicios entre los clientes por no entregar las calidades pactadas. Sendas investigaciones del Grupo de Riesgos Emergentes de la Guardia Civil y de la Agencia Tributaria fueron los pilares para la investigación principal de la supuesta trama, que se abrió en 2021 en un juzgado de Pozuelo de Alarcón (Madrid) donde tiene su sede la empresa, auspiciada por la Fiscalía Anticorrupción.

La Audiencia decidirá si extiende el archivo a la denuncia de Telf que incluye a dos empresas portuarias

La legislación española establece un año como plazo para concluir una instrucción penal, con prórrogas sucesivas de seis meses, que deben solicitarse y concederse justificadamente, algo para lo que también se suele valorar si la acusación –la Fiscalía Anticorrupción en este caso– ha propiciado el avance o no de la causa antes de solicitar la prórroga.

El juzgado de Pozuelo autorizó en dos ocasiones prorrogar la instrucción, a petición de Anticorrupción. Pero la segunda de esas prórrogas, de octubre de 2023, fue tumbada por la Audiencia Provincial de Madrid, que declaró expirado el plazo para la instrucción con efectos desde noviembre de 2022, lo que suponía que se consideraban nulas todas las actuaciones realizadas con posterioridad. Así las cosas, la jueza de instrucción optó por archivar la causa contra A.J.B.S. –investigado principal–, su socio D.R.M., así como las parejas de ambos como supuestas cooperadoras, B.V.B y S.M.M., y varios supuestos testaferros.

De esta forma se fueron por el desagüe averiguaciones efectuadas por la Guardia Civil, entre otras cosas mediante las escuchas telefónicas, que apuntaban a relaciones de A.J.B.S. con empresas radicadas en paraísos fiscales, en especial Emiratos Árabes Unidos, Suiza y Hong Kong, en las que también se interceptó una conversación de A.J.B.S. en la que afirmaba disponer de unos 60 millones de euros en Dubái (capital de Emiratos) y sus planes para reintroducir el dinero en España creando otra red de empresas, según se refleja en la documentación judicial.

El investigado principal habló de reintroducir en España 60 millones que tiene en Dubái

Ahora el juzgado de Pozuelo ha reabierto la causa tras haberse personado Telf –que inicialmente la había interpuesto en Gijón– por la supuesta apropiación indebida de 116.000 toneladas de carbón, asunto por el que acusa a los socios de NMR, a directivos y mandos de la estibadora pública Ehbisa y a Marprin, el agente en Gijón tanto de NMR como de Telf. Si esta denuncia va a prosperar o no está en manos otra vez de la Audiencia Provincial de Madrid, dado que NMR ha presentado un recurso apelando a que ya se había decretado el final del plazo de instrucción, recurso recurrido por Telf, que alega que los hechos que denuncia nunca llegaron a ser investigados en la instrucción archivada, por lo que no hacerlo generaría "una indeseable laguna de impunidad".

El caso de Salas

Donde sin duda sí habrá juicio es el supuesto hurto o robo de arcilla en Salas, cuya instrucción acaba de concluir en un juzgado de Grado. NMR como empresa y uno de sus socios, D.R.M., tendrán que responder por llevarse 91.790 toneladas de arcilla extraída de una concesión de otra empresa. Ese material está valorado en 653.453 euros. El fiscal pide tres años para D.R.M. por los supuestos delitos de hurto, presentación de un documento falso, contra la ordenación del territorio y contra el medio ambiente, en este último caso por el destrozo en la zona de la que retiraron otras 322.476 toneladas de material para llegar a la veta de arcilla. Además de indemnizar a la empresa concesionaria, Caolines de la Espina, el fiscal también pide imponer una multa a NMR de 1,9 millones.

La acusación particular eleva a ocho años la petición de cárcel por los supuestos delitos de robo, falsedad, contra la ordenación del territorio y contra el medio ambiente. La intrusión en la concesión ajena se llevó a cabo sin licencia municipal y sin permiso del Principado, al que el acusado presentó un croquis supuestamente falseando la ubicación del lugar en el que había excavado. La defensa solicita la absolución, hablando de "error" y considerando que lo ocurrido no es delictivo.