Un informe de Hacienda reaviva la causa principal contra NMR

Un informe que va a remitir la Agencia Tributaria al juzgado sobre las supuestas actividades ilícitas de Natural Minig Resources 1926 (NMR), que en 2020 fue el principal operador de carbones del puerto de El Musel, reavivará la causa principal contra esta compañía, sus socios y otras personas por un supuesto fraude multimillonario a través de una sociedad que acabó quebrando, dejando 170 millones de euros de deuda por impagos a proveedores de mineral y de servicios y por perjuicios a clientes. La investigación judicial de este complejo caso quedó abortada tras un auto de la Audiencia Provincial de Madrid de enero del año pasado que dio por concluida la instrucción con efectos del 17 de noviembre de 2022, lo que implica la nulidad de todas las diligencias de investigación ordenadas con posterioridad a esa fecha.

La investigación se abrió en el juzgado de primera instancia e instrucción número 3 de Pozuelo de Alarcón (Madrid), al estar allí la sede social de NMR. La instrucción arrancó en 2021, con la participación de la Fiscalía Anticorrupción y tras una investigación del Grupo de Riesgos Emergentes de la Guardia Civil, a la que se sumó posteriormente otra efectuada por la Agencia Tributaria. Los supuestos delitos que llegaron a investigarse fueron los de estafa agravada, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, falsedad documental, favorecimiento real y personal y un supuesto cohecho en un concejo asturiano.

Ahora, la magistrada encargada del caso prevé dictar auto de procesamiento en cuanto le llegue en informe final de la Agencia Tributaria, según aseguran las fuentes consultadas. El asunto irá así a juicio pese a que no se pudo prorrogar la instrucción, tras el recurso que interpusieron varias defensas para anular la segunda prórroga que había acordado la magistrada al haberlo hecho después de que hubiera vencido el plazo de la primera. El auto de procesamiento establecerá los delitos que se imputan a los supuestos investigados, teniendo en cuenta solo las diligencias ordenadas por el juzgado antes del 17 de noviembre de 2022 y no las ordenadas con posterioridad a esa fecha.

Dentro de esta causa contra NMR, que no es la única en un juzgado penal, se está instruyendo una pieza separada por la supuesta apropiación indebida por NMR de 116.000 toneladas de un cargamento descargado en El Musel en 2020 y que nunca llegó a pagar a su proveedor, Telf.

Esta compañía ha interpuesto una reclamación civil contra la estibadora pública Ebhisa en la que le reclama 53 millones de euros por la desaparición de la mayor parte del carbón de aquel cargamento, que en la fecha de la descarga estaba valorado en 7,5 millones de euros. Telf no tenía contrato con Ebhisa para la custodia de ese mineral. El proveedor tuvo que recurrir a la Corte Internacional de Arbitraje de Londres por el incumplimiento del contrato por parte de NMR.

Además de la demanda civil, Telf también ha denunciado penalmente a NMR y sus dos socios, así como a directivos y mandos de Ebhisa –incluyendo al exdirector de El Musel, José Manuel del Arco– y de Marítima del Principado (Marprin), compañía consignataria que actuó como agente en El Musel tanto para NMR como para Telf.

La retirada por parte de Telf de la parte del carbón que permanece en instalaciones de Ebhisa comenzará hoy, a partir de las diez de la mañana, mediante su traslado en camiones al muelle norte de la ampliación de El Musel, previo pesaje y toma de muestras por parte de la Guardia Civil, para su posterior análisis en el Instituto del Carbón (Incar).

Sobre este cargamento de Telf y los pleitos versó la reunión que ayer mantuvieron la nueva presidenta de El Musel, Nieves Roqueñí, el próximo director del Puerto, José Luis Barettino, y la gerente de Ebhisa, Lucía Herrero. Esta última, es una de las personas denunciadas por Telf. Ebhisa ha advertido de que si pierde el pleito civil optará por declarar la quiebra.n