Diez meses revisando la ayuda a El Musel: 49,5 millones en juego

La Unión Europea está mirando con lupa la petición que le ha hecho España para que abone los 49,5 millones de euros de fondos de cohesión concedidos a la obra de ampliación de El Musel y que había retenido a propuesta de la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF). La Dirección General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda remitió a Bruselas hace casi diez meses, el pasado 10 de mayo, la solicitud del abono de ese saldo pendiente, del total de una subvención de 247,5 millones de euros, informan desde el Ministerio. Ahora, la UE señala que "en un futuro próximo se tomará una decisión sobre si seguir adelante" en un asunto en el que la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF) propuso a Bruselas revocar la totalidad de la ayuda, reclamando los 198 millones de euros ya abonados y dejando de pagar los 49,5 pendientes. El informe de la OLAF dio pie a una investigación penal en España, que concluyó con una sentencia absolutoria para todos los acusados y sin que la Audiencia Nacional apreciara que se hubiera producido ningún tipo de fraude en la obra. En 2019 el Tribunal de Cuentas ya se había pronunciado en el mismo sentido.

Tras la última sentencia la Comisión Europea está "revaluando el expediente". La decisión que adopte la Comisión puede tener consecuencias diversas, en el caso de que opte por mantener la reclamación de ayudas, como ya ocurrió con otro asunto en el que la OLAF dijo una cosa y la Justicia española la contraria: el fraude del lino. Si reclama los 198 millones de euros ya recibidos por El Musel, afectará a las cuentas del Estado, ya que la fórmula de la UE para recuperarlos es descontarlos de otras ayudas europeas que se concedan a España. Si no abona los 49,5 millones restantes, eso sí afectará directamente a las cuentas del Puerto, ya que la percepción de ese dinero permitiría reducir la deuda que está soportando El Musel para pagar la obra de ampliación. No cabe otro destino para ese dinero, ya que son fondos finalistas.

La petición de abono de los 49,5 millones pendientes fue trasladada por Hacienda después de que Puertos del Estado y la Autoridad Portuaria de Gijón hubieran mantenido en 2023 reuniones con Hacienda y le hubieran remitido la documentación necesaria para la reclamación. La primera reunión se mantuvo pocos días después de que fuera firme, a finales de septiembre de 2023, la sentencia del "caso Musel" y la documentación exigida ya estaba en Madrid semanas después.

En su petición a Bruselas de los 49,5 millones de euros pendientes, Hacienda no sólo se apoya en las conclusiones de la sentencia penal de 2023, sino también en la dictada en el mismo sentido por el Tribunal de Cuentas de España en noviembre de 2019.

El Ministerio incide en que en la sentencia de julio de 2023 se afirma en que no hubo irregularidades en la licitación de la obra, que no hay pruebas de un fraude al Estado, que las irregularidades formales en el expediente de la obra se subsanaron, que no hubo prevaricación y además se impusieron las costas a la acusación particular; que los sobrecostes se debieron a circunstancias sobrevenidas y que aunque sea cuestionable a la vista del resultado el acuerdo para explotar la cantera de HC, el Puerto lo hizo de buena fe. También incide en las reticencias de los directivos portuarios de entonces a ceder a las presiones de las constructoras para modificar el contrato.

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