Tres colectivos piden paso a la zona de bajas emisiones de La Calzada: estos son sus alegatos

El colectivo de personas con movilidad reducida, las empresas de seguridad privada y la patronal de los vehículos de dos ruedas han pedido al Ayuntamiento de Gijón que se tenga en cuenta sus peculiaridades a la hora de poner en marcha la zona de bajas emisiones (ZBE) de La Calzada. Así, Cocemfe Asturias, la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (Aproser) y la Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas (Anesdor) firman las tres únicas alegaciones presentadas al proyecto técnico de la que será primera ZBE de Gijón. Los técnicos municipales tienen en marcha la respuesta a estas alegaciones con la idea de que las peticiones de los tres colectivos tengan se vean reflejadas en la ordenanza que marcará el uso de esa zona.

La petición de Cocemfe Asturias supone garantizar el acceso a ese ámbito en todo momento de las personas con movilidad reducida. Las restricciones de acceso a la zona de bajas emisiones de La Calzada se organizan en distintos niveles que, a su vez, se vinculan con la activación del protocolo por episodios de contaminación en la zona oeste en cada uno de sus grados y con la categoría del conductor en el registro oficial de vehículos autorizados, donde se prima a los vecinos de la zona. Cocemfe reivindica para el colectivo un acceso total ya que, justifica, "muchas personas con movilidad reducida tienen dificultades para usar el transporte público por lo que dependen de sus vehículos para desplazarse de manera autónoma y acceder a espacios y servicios. Es fundamental que esas personas no se vean perjudicadas por las restricciones del tráfico".

La dificultad de los transportes de fondos

Aproser pide incluir a las empresas de seguridad privada entre los servicios esenciales, que son aquellos que sufren un menor número de restricciones en el acceso a la zona, como parte integrante de la seguridad pública. La asociación hace referencia a las necesidades de los transportes de fondos monetarios, pero no solo. Al hablar de esos transportes de dinero se recuerda en la alegación que impedir que circulen podría implicar "dejar sin efectivo a las entidades bancarias y cajeros automáticos" con las complicaciones que eso generaría para la vida diaria y la actividad económica. Pero más allá del impacto económico está el grave riesgo para las seguridad ciudadana que supondría, explican, que personas portando armas tuvieran que llevar ese dinero caminando desde el perímetro de la zona de bajas emisiones al punto de entrega.

Y otro dato que se aporta sobre las peculiaridades de este transporte: la dificultad de encontrar en el mercado alternativas menos contaminantes a unos vehículos que, por su nivel de blindaje, tienen una condiciones técnicas muy determinadas. Al margen de los transportes de dinero, en su alegación Aproser hace también mención a las necesidades de las empresas de seguridad privada de dar respuesta a las alarmas que tienen contratadas en sus domicilios sus clientes o a las rondas de seguridad que hacen en muchos espacios.

Más técnicas son las apreciaciones que se hacen desde la patronal del sector de las dos ruedas, que incluyen ciclos asistidos, ciclomotores, motocicletas, triciclos y cuadriciclos (categoría L de homologación). La primera alegación es incluir las etapas euro de la categoría L en el análisis de las emisiones y la segunda tener en consideración que la tecnología de emisiones Opus Remote Sensing Europe "no es válida para los vehículos de categoría L".

Aunque la alegación fundamental es la tercera donde se pide aplicar a motos y vehículos ligeros criterios diferentes a los que se aplican a los coches en la zona de bajas emisiones. ¿En razón de qué? Pues se dan varios argumentos: que las etiquetas ambientales no son equiparables y que los vehículos de dos ruedas tienen menor impacto en la contaminación.