La Calzada ya tiene el proyecto técnico definitivo de la zona de bajas emisiones

La zona de bajas emisiones (ZBE) de La Calzada dará un paso más la semana que viene con la aprobación definitiva del proyecto técnico para su implantación, tras la estimación que el servicio de Movilidad ha hecho de las alegaciones presentadas por la Confederación Española de personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe Asturias), la Asociación profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (Aproser) y la Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas (Anesdor). La propuesta de estimación de alegaciones y aprobación definitiva del proyecto técnico se incluye en el orden del día de la Junta de Gobierno.

Aprobación que no conlleva la entrada en vigor de la zona de bajas emisiones. Aún falta dar forma a la ordenanza que la regule: un proceso que tardará meses. Además, el borrador de ordenanza que se impulsa desde la concejalía de Tráfico que lidera el forista Pelayo Barcia incluye demorar la aplicación de multas hasta, por lo menos, 2028; entendiendo que entonces pueda haber una alternativa al tráfico pesado que cruza La Calzada por la avenida Príncipe de Asturias.

Aunque para los técnicos municipales lo pedido por los tres colectivos alegantes ya se entendía implícito en la redacción del documento, se ha optado por estimar sus propuestas para evitar ambigüedades. Así, las peticiones de Cocemfe Asturias se centraban en garantizar el acceso en todo momento de las personas con movilidad reducida a ese ámbito de La Calzada.

Las restricciones de acceso a la zona de bajas emisiones se organizan en distintos niveles que, a su vez, se vinculan con la activación del protocolo por episodios de contaminación en la zona oeste en cada uno de sus grados y con la categoría del conductor en el registro oficial de vehículos autorizados, donde se prima a los vecinos de la zona. En el documento definitivo hay una referencia expresa a las personas con movilidad reducida que tengan concedida y en vigor la tarjeta de estacionamiento PMR.

En el caso de Aproser su alegación planteaba la inclusión de las empresas de seguridad privada entre los servicios esenciales para poder garantizar el acceso a los vehículos blindados que se utilicen en el transporte de fondos. La estimación de esta alegación se extenderá también a la ordenanza reguladora.

Y en cuanto a Anesdor la propuesta era tener en cuenta la singularidad de la moto y de los vehículos ligeros y, en base a ella, darles un tratamiento diferenciado al del coche en las restricciones de circulación, acceso y estacionamiento. La estimación de esa alegación se concreta en incluir la especificidad de los 5 etapas Euro de los vehículos L y la recomendación de que esa diferenciación de trato se incorpore al texto de la ordenanza.

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